El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una norma que adapta el reglamento europeo al marco español y que ahora inicia su tramitación parlamentaria.
La medida busca reforzar la protección de los ciudadanos, exigir más responsabilidad a los proveedores y fijar reglas claras para el uso de esta tecnología en ámbitos sensibles como el empleo, la ciberseguridad, los menores o la Administración pública. Además, como advierten los expertos en ciberseguridad, el avance de estas herramientas también ha incrementado nuevos riesgos digitales.
El Gobierno considera que la inteligencia artificial ya no es una cuestión de futuro, sino de presente. Por eso, el proyecto plantea un modelo basado en la supervisión humana, la transparencia de los sistemas y la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué cambia a partir de ahora? La clave está en combinar innovación con garantías.
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La nueva ley de inteligencia artificial fija obligaciones para proveedores y administraciones públicas
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que la regulación no debe verse como un freno a la competitividad. Según ha explicado, España mantiene una posición destacada en la adopción de esta tecnología, con inversiones públicas, empresas especializadas, dos factorías de inteligencia artificial y el modelo de lenguaje público ALIA.
La futura norma clasificará los sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo y establecerá un régimen de sanciones. También prevé nuevas obligaciones para quienes desarrollen o utilicen estos sistemas, especialmente cuando puedan afectar a derechos, servicios públicos o decisiones relevantes para las personas. Entre los puntos principales figuran:
- Supervisión humana obligatoria de los modelos.
- Mayor transparencia en los algoritmos utilizados.
- Protección reforzada de menores y datos personales.
- Responsabilidad para proveedores y directivos.
- Normas específicas para el uso de la inteligencia artificial en la Administración.
En la práctica, esto significa que no bastará con aplicar tecnología porque sí. Cada sistema deberá contar con controles, responsables identificables y mecanismos para reducir riesgos.
Las prohibiciones europeas y españolas buscan evitar abusos con sistemas de alto riesgo
El proyecto incorpora la clasificación europea de la inteligencia artificial y recoge prohibiciones vinculadas a usos especialmente delicados. Entre ellas aparecen las técnicas subliminales, la explotación de vulnerabilidades, la puntuación social, la vigilancia predictiva o determinados sistemas de reconocimiento biométrico.
Además, el Gobierno ha destacado dos nuevas restricciones acordadas en el ámbito europeo a petición de España: la prohibición de que estos sistemas generen suplantaciones sexuales realistas y contenidos de pornografía infantil. No es un detalle menor: el Ejecutivo vincula estas medidas con la protección de los menores y, en especial, de las niñas.
| Ámbito regulado | Medida prevista |
|---|---|
| Sistemas de riesgo | Clasificación según impacto y peligros potenciales |
| Administración pública | Impulso del buen uso y figura del delegado de IA |
| Supervisión | Papel central de la AESIA |
| Sanciones | Régimen para incumplimientos y usos prohibidos |
Este marco pretende que la tecnología avance, sí, pero con límites claros. Y ahí está el punto importante para ciudadanos y empresas.
La AESIA será el organismo central para vigilar el cumplimiento de la norma
La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, actuará como organismo central de control. Junto a ella participarán otras autoridades según el sector afectado: el Banco de España en el ámbito financiero, la Agencia Española de Protección de Datos en materia de datos y el Consejo General del Poder Judicial en asuntos relacionados con la justicia.
La ley también regulará los entornos de prueba, conocidos como sandbox, para facilitar que los proveedores puedan adaptarse a las nuevas obligaciones. De este modo, el Gobierno busca ordenar el desarrollo de la inteligencia artificial sin paralizar la innovación.
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