La administración andaluza admite que no ha cumplido el calendario previsto y plantea una instrucción transitoria mientras termina el Decreto
El teletrabajo en la Junta de Andalucía vuelve a quedar en el aire. El Decreto que debía ampliar y ordenar esta modalidad para funcionarios y personal laboral sigue sin aprobarse, pese a que el borrador lleva más de un año preparado. ¿Y ahora qué? El Gobierno andaluz ha optado por ganar margen con una solución provisional que busca evitar desigualdades entre consejerías. La medida afecta a unos 40.000 empleados públicos de la administración general.
El nuevo calendario del teletrabajo en la Junta retrasa otra vez su aplicación real
El compromiso inicial era que los dos días semanales de teletrabajo estuvieran disponibles a finales de 2025. Después, la previsión pasó al primer semestre de 2026. Ahora, el escenario más optimista apunta a finales de marzo de 2027, ya que la Junta prevé cerrar la tramitación del Decreto a finales de septiembre de 2026 y dejar otros seis meses para su entrada en vigor.
El acuerdo alcanzado con SAF, CSIF y UGT reconoce que no se han cumplido los tiempos previstos. Sin embargo, no todos los sindicatos lo ven igual: para unos supone desbloquear una situación enquistada; para otros, apenas sirve para cubrir el expediente. La situación puede resumirse así:
| Clave del proceso | Situación actual |
|---|---|
| Empleados afectados | Unos 40.000 trabajadores |
| Régimen vigente | Criterios excepcionales del Covid-19 |
| Teletrabajo actual | Un día semanal, previa solicitud |
| Previsión con el Decreto | Dos días semanales |
| Entrada en vigor estimada | Marzo de 2027, como pronto |
Por lo tanto, la norma definitiva sigue lejos, aunque la Junta de Andalucía intenta evitar que cada centro aplique criterios distintos.
La instrucción transitoria busca frenar las diferencias entre consejerías y servicios
Mientras llega el Decreto, la Secretaría General para la Administración Pública presentará una instrucción provisional el 8 de mayo. Su objetivo es fijar un marco más claro y homogéneo para que el teletrabajo no dependa tanto de cada consejería, cada servicio o cada responsable directo.
La idea es corregir una situación que los sindicatos consideran desigual y, en algunos casos, casi arbitraria. Dicho de forma sencilla: que no haya trabajadores con más facilidades que otros solo por estar destinados en un departamento distinto. Entre los puntos que se esperan de esa instrucción destacan:
- Criterios comunes para solicitar el teletrabajo.
- Mayor seguridad para los empleados públicos.
- Aplicación homogénea entre consejerías.
- Reducción de conflictos mientras se aprueba el Decreto.
No obstante, la confianza sindical está tocada. La filtración de una circular restrictiva en la Consejería de Sostenibilidad elevó la tensión y empujó a varias organizaciones a plantear movilizaciones.
Los sindicatos se dividen entre quienes ven un avance y quienes denuncian una maniobra dilatoria
El acuerdo no ha cerrado la crisis, solo la ha contenido. CSIF, SAF y UGT defienden que el pacto permite recuperar impulso y fijar un calendario. CCOO, ISA y Ustea, en cambio, sostienen que la Junta no garantiza nada inmediato y que el teletrabajo sigue sin ser una prioridad real.
La Ley de Función Pública, aprobada en junio de 2023, necesitaba desarrollos reglamentarios en materias clave. El teletrabajo se ha convertido en uno de los puntos más sensibles, tanto por su impacto laboral como por el malestar acumulado.
De momento, los empleados públicos seguirán esperando. Y, visto lo visto, la instrucción de mayo será la primera prueba seria para comprobar si la Junta quiere ordenar el sistema o simplemente ganar tiempo.
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