La justicia avala que una empleada deje su puesto con derecho a indemnización y paro ante los incumplimientos reiterados de su empresa
La extinción del contrato laboral por iniciativa del empleado es un mecanismo legal que permite abandonar un puesto de trabajo de forma voluntaria manteniendo los mismos derechos que en un despido improcedente. Este recurso excepcional, regulado por el Estatuto de los Trabajadores, se puede solicitar ante un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador. Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratifica que no entregar de forma continuada los recibos de salario, o nóminas, es motivo suficiente para solicitar esta rescisión con indemnización, aun cuando los pagos se acaben abonando.
En dicho caso, el tribunal validó el cese de una empleada de lavandería contratada en noviembre de 2020. Tras un despido previo declarado nulo, la compañía la readmitió en julio de 2023, pero ocultó sistemáticamente sus nóminas, facilitándolas solo tras reiteradas peticiones. La justicia determinó que esta práctica atenta contra el deber empresarial de documentar el salario de forma transparente. Por ello, le concedió una indemnización de 7.276,50 euros y el derecho a acceder a la prestación por desempleo.
Qué requisitos exige la ley para solicitar la extinción del contrato laboral
La legislación laboral de España protege a los trabajadores ante los abusos empresariales vinculados al salario y su documentación. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores determina que el empresario debe entregar un recibo individual que justifique el pago del sueldo; si esto se incumple o existen impagos, se abre la vía judicial para finalizar la relación de trabajo.
Los motivos principales para reclamar esta medida judicial son:
- La falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario acordado.
- Cualquier otro incumplimiento grave y culpable de las obligaciones patronales, exceptuando casos de fuerza mayor.
- La negativa del empleador a reincorporar al empleado en sus condiciones previas cuando lo ordene una sentencia.
La normativa consolidada, según el Estatuto de los Trabajadores publicado en el BOE, incluye una actualización del 3 de enero de 2025 que entrará en vigor el 3 de abril de 2025. Este marco legal mantiene la potestad del empleado para exigir la resolución unilateral de su contrato ante tales conductas graves.
Cuál es la indemnización por la extinción del contrato laboral
Cuando un juzgado de lo social aprueba la demanda y decreta la extinción del contrato por faltas de la empresa, la compensación económica equivale a la de un despido improcedente.
De acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores en el BOE, el cálculo se realiza bajo estos criterios:
- Una indemnización de 33 días de salario por año de servicio trabajado.
- El prorrateo mensual para los periodos inferiores a un año.
- Un tope máximo de 24 mensualidades de sueldo.
En la sentencia de Murcia, el pago de 7.276,50 euros se fijó según la antigüedad y el salario diario de la empleada. Aunque ella reclamaba 53.000 euros adicionales por violación de derechos fundamentales, los magistrados lo desestimaron al no hallar pruebas de acoso ni riesgo para su integridad física.
Pasos para solicitar el paro tras extinguir la relación de trabajo
Esta vía judicial permite conservar las coberturas sociales. El Servicio Público de Empleo Estatal considera que estas bajas decretadas por un juez sitúan al trabajador en situación legal de desempleo, lo que da derecho a pedir la prestación contributiva si se cuenta con el periodo de cotización previo.
Para solicitar la ayuda por desempleo se deben cumplir los siguientes trámites:
- Inscribirse como demandante de empleo en el servicio público autonómico correspondiente.
- Tramitar la solicitud en un plazo de 15 días hábiles tras la firmeza de la resolución judicial.
- Presentar la sentencia o el acta de conciliación que certifique el fin de la relación laboral por esta causa.
Si se solicita fuera del plazo de 15 días hábiles, no se pierde el derecho, pero se restarán los días equivalentes al retraso. El organismo público dispone de 15 días para resolver y debe notificar la resolución en los 10 días posteriores.
Qué hacer si la empresa no entrega los papeles para el paro
Un obstáculo habitual tras ganar el juicio es que la empresa no coopere, evite entregar el certificado de empresa o haya desaparecido de su domicilio social.
Para evitar la desprotección del ciudadano, la administración pública dispone de un protocolo especial. Según explica el SEPE, en caso de falta de documentación de la empresa, el afectado puede presentar su solicitud junto al impreso de «declaración de carencia de documentación». Tras esto, la oficina de empleo exigirá los datos directamente a la compañía o recurrirá a la Inspección de Trabajo para comprobar la situación laboral.
La regulación actual busca evitar que las demoras administrativas o la mala fe del empleador perjudiquen los derechos del trabajador.
