Los agentes de la Policía Nacional localizan 47 registros ilegales en inmuebles de Almería, Níjar y Canjáyar destinados a gestionar autorizaciones de estancia sin el consentimiento de los dueños.
El empadronamiento de extranjeros en situación administrativa irregular mediante el uso no autorizado de datos e inmuebles ajenos ha motivado una relevante actuación policial en Andalucía. Según informa la Policía Nacional, los agentes han desmantelado en la provincia de Almería una organización delictiva dedicada a tramitar estas altas ilícitas. Una operación que ha concluido con el arresto de quince personas.
Las indagaciones del caso, bautizado como operación Corral, se iniciaron en julio de 2025 bajo la dirección de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería. De acuerdo con fuentes policiales, las comprobaciones han confirmado la existencia de, como mínimo, 47 inscripciones irregulares en cinco viviendas situadas en las localidades de Almería, Níjar y Canjáyar.
Cómo funcionaba la red ilegal de empadronamiento de extranjeros en Almería
El grupo delictivo actuaba de manera oculta empleando escrituras y datos de diversas viviendas y de sus verdaderos dueños para inscribir a los migrantes: los investigados tramitaban los expedientes sin que los propietarios tuvieran conocimiento de ello. La finalidad última de la red consistía en conseguir los volantes de residencia para que los interesados los aportaran en la Oficina de Extranjería; de este modo, pretendían comenzar el proceso para legalizar su estancia en el territorio nacional.
El despliegue de los investigadores se ejecutó en dos fases diferenciadas a lo largo del periodo estival: el 1 de julio de 2025 se detuvo a diez personas por presunta falsedad documental. Más adelante, el 4 de agosto, la policía arrestó a otros cinco sospechosos que ejercían de mediadores y coordinadores de este sistema de empadronamiento de extranjeros en la provincia almeriense. Los encargados del caso mantienen la investigación activa con el fin de localizar a otros posibles colaboradores de la trama.
Normativa y requisitos legales para el registro en el padrón municipal
Darse de alta en el censo de la localidad constituye una gestión obligatoria para cualquier ciudadano que habite en España, sin importar su origen ni su estatus legal. Conforme a la normativa estatal publicada por el BOE/INE sobre gestión del padrón municipal vigente, las corporaciones locales deben incorporar a su registro a todos los residentes de su término municipal.
No obstante, el marco jurídico nacional fija fronteras precisas sobre las consecuencias de este trámite: la Ley de Bases del Régimen Local dispone que figurar en el censo no acredita la estancia legal de un ciudadano de fuera de la Unión Europea en el país. Asimismo, los consistorios disponen de plenas competencias para verificar que la información facilitada por los peticionarios sea verídica.
Los documentos que las administraciones locales suelen requerir para completar este trámite son:
- El documento nacional de identidad o el permiso de residencia vigente.
- El libro de familia si se solicita el registro de personas menores de edad.
- Un documento que acredite el derecho de uso del inmueble, como un contrato de alquiler o el título de propiedad.
Por otra parte, las personas de países no comunitarios que carezcan de un permiso de residencia de larga duración asumen la obligación de renovar su inscripción padronal cada dos años; un requisito indispensable para evitar que la administración local proceda a dar de baja su registro por caducidad.
Precedentes de actuaciones policiales contra el fraude censal en el país
El suceso descubierto en tierras almerienses no representa un caso único en la geografía española. En fechas recientes se han llevado a cabo diversas actuaciones policiales de gran alcance vinculadas a la falsificación documental para favorecer la inscripción irregular de ciudadanos foráneos en varias regiones del país.
Una de estas intervenciones tuvo lugar en el municipio toledano de Seseña, donde la Policía Nacional localizó a más de 400 personas empadronadas de forma irregular en diferentes inmuebles; de hecho, se llegaron a contabilizar 91 registros en un único domicilio, según datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre empadronamientos fraudulentos en Seseña. En aquella ocasión, los integrantes de la red exigían pagos de entre 300 y 400 euros por cada gestión ilícita.
Del mismo modo, en Zaragoza se neutralizó otra red delictiva que exigía tarifas de entre 600 y 900 euros por proporcionar registros vecinales y contratos laborales falsos, un fraude que involucró a más de 5.000 personas, conforme a los informes del Ministerio del Interior sobre regularización fraudulenta con empadronamientos y contratos falsos.
En el territorio andaluz, los cuerpos de seguridad ya han actuado previamente contra este tipo de actividades. La autoridad judicial competente ya dispone de las diligencias de la operación Corral para proseguir con el trámite penal de los quince detenidos.
