La Operación Arco comenzó tras detectar a 52 extranjeros inscritos en cuatro viviendas del centro de Granada. Los investigados cobraban entre 350 y 500 euros por contratos simulados de habitaciones.
La Policía Nacional ha detenido este 26 de agosto a 18 personas en Granada y Córdoba por su presunta vinculación con una trama de empadronamientos falsos. La investigación atribuye a los arrestados delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Según el comunicado policial difundido por Europa Press, se cobraban entre 350 y 500 euros a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. Dieciséis detenciones se practicaron en Granada y otras dos en localidades cordobesas.
La operación comenzó con 52 extranjeros empadronados en cuatro viviendas
La Operación Arco comenzó después de que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detectara un volumen anómalo de altas en Granada. En cuatro viviendas del distrito Centro aparecían empadronadas 52 personas extranjeras, principalmente de origen magrebí. Las comprobaciones concluyeron que el espacio disponible hacía imposible que todas residieran realmente en esos domicilios. Los agentes también localizaron ocupantes que vivían allí desde hacía tiempo y ni siquiera figuraban empadronados.
Los investigadores comprobaron que los cuatro inmuebles habían sido alquilados mediante una inmobiliaria del centro por una misma persona. Esta aparecía unas veces como arrendataria y otras como avalista de supuestos arrendatarios. Después se efectuaban subarriendos reales mientras se formalizaban contratos simulados para otras personas extranjeras. El caso se suma a una trama en Almería desarticulada este agosto, donde se acreditaron 47 empadronamientos fraudulentos en cinco viviendas.
Los contratos simulados costaban entre 350 y 500 euros por persona
El sistema investigado consistía en elaborar falsos contratos de subarriendo de habitaciones para acreditar una residencia que no coincidía con la ocupación real. Según la Policía, algunos contratos simulados se solapaban temporalmente con subarriendos auténticos. Así, un mismo inmueble podía quedar asociado documentalmente a más personas de las que realmente residían allí. Por cada uno de estos trámites se cobraban entre 350 y 500 euros.
La operación terminó con 18 detenidos. Tres son españoles y los otros 15 son extranjeros, alguno con antecedentes previos, según la información policial. Un total de 16 fueron arrestados en Granada. Los otros dos fueron localizados en localidades cordobesas, donde se habrían desplazado para evitar su detención. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial por los hechos investigados.
Una investigada se hacía pasar por voluntaria para captar a personas vulnerables
La Policía sitúa al frente de la operativa a un principal investigado que habría actuado como falso arrendador. Su pareja afectiva también aparece en las pesquisas. Según el relato policial, ella se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación dedicada a personas vulnerables. Ese supuesto vínculo habría facilitado el contacto directo, o mediante terceros, con inmigrantes que buscaban regularizar su situación administrativa.
Parte de las personas captadas estaban interesadas en la regularización extraordinaria de 2026. Andalucía Informa explicó las condiciones de la regularización y los perfiles que podían acogerse al procedimiento. También detalló la documentación para regularizarse tras la publicación definitiva de la norma. La investigación policial incorpora un dato especialmente relevante. Los falsos empadronamientos se cobraban pese a que esa modalidad no exigía estar empadronado.
El empadronamiento no era un requisito obligatorio para esa regularización
El Real Decreto 316/2026 estableció que la permanencia continuada de cinco meses podía demostrarse mediante cualquier prueba válida en derecho. Esa documentación debía contener datos personales suficientes para identificar al solicitante. La norma no estableció el certificado de empadronamiento como documento obligatorio para acreditar ese periodo. Por tanto, el requisito de permanencia admitía otros medios de prueba válidos.
El plazo para presentar solicitudes finalizó el 30 de junio de 2026. El procedimiento quedó regulado por el Real Decreto 316/2026, publicado en el BOE el 15 de abril. La norma regula las autorizaciones excepcionales y cómo acreditar la permanencia previa en España. La investigación penal seguirá su tramitación ante la autoridad judicial, que determinará la responsabilidad concreta atribuible a cada detenido.
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