El 23,9 de los puntos de carga en España está fuera de servicio por averías o retrasos burocráticos, mientras Andalucía lidera los nuevos proyectos estatales.
La red de recarga pública en España experimentó un incremento del 2,9% en el transcurso del segundo trimestre de 2026, lo que equivale a la incorporación de 1.605 nuevos bornes de abastecimiento. De este modo, el territorio nacional suma 56.682 puntos operativos, de acuerdo con los registros de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). A pesar de esta evolución positiva, persisten fallos de funcionamiento que dificultan la transición hacia el transporte eléctrico y siembran dudas entre los usuarios de estos automóviles, todo ello a pesar de las ayudas económicas de la Administración para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos.
Al cierre de junio de 2026, un total de 17.821 dispositivos de suministro permanecían inactivos. Esta cifra implica que el 23,9% de la infraestructura instalada está inutilizada debido a incidencias técnicas, deficiencias en su conservación o demoras en la tramitación administrativa para conectarse a la red de distribución eléctrica. Si la totalidad de estos equipos estuviese en funcionamiento, la infraestructura real del país dispondría de 74.503 puntos accesibles para la ciudadanía.
El déficit en las labores de mantenimiento y la lentitud burocrática para habilitar los terminales provocan que una cuarta parte de la infraestructura no ofrezca servicio. Este escenario complica de forma directa la planificación de trayectos de larga distancia; asimismo, debilita la confianza de aquellos conductores que optan por dar el paso hacia la movilidad sostenible.
La brecha con Europa y el reto de la potencia instalada
Este pausado ritmo de despliegue penaliza la posición española frente al contexto europeo. En el barómetro global de electromovilidad correspondiente al segundo trimestre de 2026, el país obtiene una valoración de 26,9 puntos sobre 100; este dato sitúa a España 13,2 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea, fijado en 40,1 puntos. La diferencia resulta aún más evidente al observar de manera exclusiva el indicador de infraestructuras de carga, donde España alcanza los 15,4 puntos frente a los 31,1 de la media comunitaria.
Al margen de la inactividad de miles de cargadores, existe una limitación importante en la potencia disponible para los usuarios. El 68% de los postes públicos activos ofrece potencias iguales o inferiores a 22 kW: un rendimiento reducido que exige periodos de espera mínimos de tres horas para recuperar la autonomía del coche. Únicamente el 32% de los puntos supera este límite de potencia, una proporción alejada del 55% que el sector de la automoción marca como meta para asegurar un abastecimiento rápido y eficaz.
En el plano positivo, las estaciones de alta potencia (con un mínimo de 250 kW) alcanzan ya los 2.806 terminales operativos, lo que equivale al 5% del total nacional. Durante la primera mitad de 2026 se puso en marcha el 90% de toda la potencia ultra-rápida que se había instalado a lo largo del año previo.
El impulso de las ayudas y el protagonismo de Andalucía en la instalación de nuevas electrolineras
Con el fin de corregir este escenario, las administraciones públicas mantienen vigentes diversos programas de subvenciones. El plan MOVES ha canalizado 3.035 millones de euros desde el año 2019; estas partidas han facilitado la adquisición de más de 204.000 vehículos y la instalación de 160.095 puntos de abastecimiento en las diferentes comunidades autónomas.
En la última convocatoria de fondos estatales, dotada con 104 millones de euros para las líneas MOVES Corredores de Recarga y MOVES Flotas Plus, Andalucía es la comunidad con más proyectos de nuevas electrolineras autorizados. El territorio andaluz concentra 61 de las 341 iniciativas aprobadas en España, con un presupuesto que supera los 97 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogable hasta los 42 meses.
Con el propósito de optimizar la experiencia de los conductores y facilitar la gestión de las estaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE han diseñado diversas plataformas digitales:
- El mapa interactivo REVE proporciona datos en tiempo real sobre la disponibilidad, el estado operativo y las tarifas de más de 25.600 puntos de recarga pública.
- Este portal da cobertura a más del 80% de los bornes activos en el país y contempla su expansión mediante la incorporación de 180 operadores del sector.
- La normativa comunitaria AFIR define objetivos de obligado cumplimiento para asegurar que los principales ejes viarios cuenten con una infraestructura de carga suficiente.
La implantación de estas medidas y la simplificación de las autorizaciones administrativas resultan determinantes para que los usuarios andaluces y del resto de España cuenten con una red segura y operativa en sus desplazamientos habituales.
