El Ejecutivo destinará más de 12 millones de euros a un plan de protección fluvial después del fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva.
El titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado ante el Senado, la futura colocación de barreras móviles en el cauce del Guadalquivir con el objetivo de impedir el tránsito de embarcaciones rápidas de los contrabandistas. Este dispositivo de protección pública dispondrá de un presupuesto superior a los 12 millones de euros. La iniciativa pretende cerrar uno de los accesos fluviales más explotados por las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes para descargar cargamentos en el territorio andaluz.
La comparecencia se desarrolló este martes en el Senado, cámara donde el Partido Popular reclamó actuaciones más firmes y recursos de seguridad para los funcionarios policiales. La exigencia social e institucional ha crecido con fuerza a raíz del trágico suceso ocurrido el 8 de mayo de 2026: en aquella fecha, dos integrantes de la Guardia Civil perdieron la vida y otros dos sufrieron lesiones graves al interceptar una lancha rápida a unas 80 millas náuticas del litoral de Huelva. Además, cuando se ha hecho público el déficit para combatir el narcotráfico, ya que solo cuatro lanchas de la Guardia Civil hacen frente a 600 narcolanchas en la costa andaluza.
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El funcionamiento de los nuevos dispositivos de control en el cauce del Guadalquivir
El despliegue de estos obstáculos flotantes exige un minucioso trabajo de gestión técnica y de tramitación legal. De acuerdo con las explicaciones del ministro, el Ministerio del Interior ultima actualmente los detalles del acuerdo de colaboración con la Autoridad Portuaria de Sevilla; esta entidad estatal se encarga de regular el tránsito en los 90 kilómetros de trayecto marítimo que conectan la capital andaluza con la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.
Este corredor acuático, denominado de forma oficial Eurovía Guadalquivir E-60.02 e integrado en las redes de transporte de la Unión Europea, soporta un volumen constante de barcos de mercancías. Debido a esta circunstancia, los cierres de seguridad tendrán un carácter retráctil para no obstaculizar el paso de los buques comerciales ni perjudicar las operaciones logísticas del puerto de Sevilla; el sistema detendrá únicamente a las planeadoras de las mafias. Grande-Marlaska argumentó que la propuesta ha precisado de doce meses de gestiones previas y de la elaboración de múltiples estudios de viabilidad antes de su aprobación definitiva.
El traslado de las operaciones de los traficantes de droga hacia los cauces fluviales andaluces representa un fenómeno verificado por los cuerpos policiales. Las constantes intervenciones de los agentes de la autoridad en el Campo de Gibraltar han obligado a los grupos organizados a localizar rutas alternativas en las desembocaduras y zonas de río de la parte occidental de la región:
- El cauce del Guadalquivir, que sirve de enlace directo entre los territorios de Cádiz, Sevilla y Huelva.
- El entorno del Guadiana, que marca el límite geográfico con el territorio portugués.
- Las instalaciones portuarias de recreo y de pesca situadas en el litoral de Huelva.
Consecuencias de la vigilancia de las fuerzas de seguridad en los accesos de Andalucía
Los informes de la Administración del Estado constatan que el control policial establecido en el Estrecho de Gibraltar ha redirigido el desembarco de hachís hacia las costas de Huelva y de Portugal. Un reflejo claro de este cambio de estrategia fue el desarrollo de la operación Diana en diciembre de 2025, un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal que concluyó con el arresto de 15 detenidos, el decomiso de 1.509 kilos de hachís y la requisa de 36 embarcaciones, de las cuales nueve eran planeadoras.
Con el propósito de atajar este problema, el Ejecutivo central mantiene operativo el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta planificación dispone para el ejercicio de 2026 de una partida financiera de 38,2 millones de euros: este capital se divide en 18,8 millones orientados a incrementar el número de agentes policiales y 19,4 millones dedicados a la compra de equipamiento técnico y vehículos.
A partir del inicio de estas estrategias policiales específicas en julio de 2018 y hasta el cierre del año 2025, las actuaciones de los cuerpos de seguridad contra el tráfico de sustancias ilegales en la comarca han alcanzado las 47.862 actuaciones; estas intervenciones se han traducido en 31.335 personas detenidas o procesadas y en la incautación de más de 2,1 millones de kilos de droga por parte de los agentes estatales.
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