La Guardia civil vigila el narcotráfico en la costa andaluza con un severo déficit de lanchas rápidas.
La franja costera de Andalucía se encuentra en una posición de notable desprotección frente a las redes del tráfico de drogas. Actualmente, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil únicamente cuenta con cuatro embarcaciones activas del modelo Aister HS60 para custodiar cerca de mil kilómetros de litoral. Estos navíos de aluminio, que registran velocidades de hasta 55 nudos, representan el recurso exclusivo con capacidad real para la lucha contra las narcolanchas que navegan por la zona. Según el último informe de Seguridad Nacional elaborado por el Ministerio del Interior, este parque móvil clandestino supera las 600 narcolanchas. Un desafío de proporciones alarmantes que sobrepasa ampliamente las capacidades operativas desplegadas en el sur peninsular.
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Distribución de los medios marítimos contra las planeadoras en la costa
La carestía de recursos técnicos impone la necesidad de focalizar los barcos disponibles en sectores sumamente concretos, lo que genera grandes vacíos de vigilancia en el resto del territorio costero: tres de las lanchas operativas se localizan en el litoral de Cádiz por su elevada conflictividad. El despliegue de estas unidades marítimas se estructura actualmente bajo los siguientes criterios:
- Un navío realiza labores de control desde la capital gaditana hasta los municipios de Barbate, Conil y Chiclana
- Una segunda embarcación se ubica de forma permanente en Algeciras para vigilar el Campo de Gibraltar
- Un tercer patrullero custodia el acceso fluvial del Guadalquivir con el fin de interceptar cargamentos de hachís
- El último dispositivo cubre el trayecto marítimo comprendido entre Punta Umbría (Huelva) y la localidad de Pulpí (Almería)
Esta planificación táctica priva de vigilancia permanente a la zona oriental de la comunidad; las provincias de Almería y Granada carecen por completo de unidades del modelo HS60. Esta ausencia de medios favorece que parajes protegidos como el Cabo de Gata se consoliden como puntos estratégicos de repostaje y logística para las organizaciones criminales.
Motivos de la inactividad de la flota de la Guardia Civil
Aunque el catálogo oficial del cuerpo policial registra un número superior de estas naves rápidas, la violencia de las colisiones en alta mar ha inutilizado dos de ellas; una de las patrulleras está siendo reparada por daños severos en su estructura de aluminio tras persecuciones de alta intensidad. El segundo navío se halla retenido por orden de la autoridad judicial a raíz de un abordaje mortal en Huelva que costó la vida a dos guardias civiles.
Debido a esta carencia de recursos, las tripulaciones policiales se ven obligadas a emplear botes auxiliares de menor calado; estas lanchas apenas desarrollan una velocidad máxima de 45 nudos. Dicha cifra resulta insuficiente frente a los más de 65 nudos que alcanzan las planeadoras de los traficantes: naves dotadas de propulsores fueraborda de gran cilindrada cuyo valor en el mercado puede alcanzar los 70.000 euros por unidad.
Las dificultades técnicas para readaptar las embarcaciones decomisadas
Diversas agrupaciones profesionales y organizaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles proponen readaptar las lanchas intervenidas a las redes delictivas para su incorporación al servicio; no obstante, esta alternativa presenta serios inconvenientes técnicos y normativos. Las alteraciones informales efectuadas por los delincuentes en la estructura, sobre todo en los depósitos de carburante, imposibilitan que los técnicos navales homologuen su seguridad y aptitud para la navegación.
De acuerdo con las demandas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, todo vehículo marítimo de tipo semirrígido empleado en estas funciones debe reunir unos requisitos indispensables de protección:
- Disponer de cabinas blindadas o estructuras acorazadas frente a posibles colisiones directas
- Contar con dispositivos ópticos de visualización térmica para las operaciones en la oscuridad
- Equipar armamento y herramientas de disuasión de carácter no letal
- Restringir la utilización de botes descubiertos exclusivamente a misiones exentas de confrontación
La desigualdad entre ambos bandos trasciende lo material para situarse en el plano financiero; mientras los pilotos de las lanchas clandestinas obtienen remuneraciones de hasta 3.000 euros diarios, los funcionarios públicos asumen riesgos extremos bajo retribuciones salariales ordinarias. Asimismo, el impacto de las organizaciones delictivas se traslada con fuerza a los núcleos urbanos: un ejemplo de esta violencia en tierra firme fue el reciente enfrentamiento armado ocurrido en un depósito de Vélez-Málaga.
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