El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la incapacidad permanente absoluta de la trabajadora tras considerar acreditado que su enfermedad le impide desarrollar cualquier actividad laboral con normalidad.
La Justicia ha dado la razón a una trabajadora de 37 años que solicitó la incapacidad permanente al no poder continuar con su empleo como auxiliar administrativa con tareas informáticas debido a las limitaciones derivadas de su estado de salud. La resolución también le reconoce una pensión vitalicia del 100% de una base reguladora de 2.773,76 euros. En una línea similar a otros casos recientes como el de incapacidad absoluta por covid persistente que consiguió una limpiadora.
Según recoge la sentencia, la afectada padece una encefalomielitis miálgica que le provoca fatiga extrema, niebla mental, cefaleas y fotofobia, unas dolencias que limitaban de forma considerable su capacidad para trabajar. El tribunal entiende que quedó «sobradamente» acreditado que su situación le impedía realizar «cualquier actividad diferente al propio autocuidado».
Te puede interesar
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirma la incapacidad absoluta
El caso se originó el 23 de marzo de 2023, cuando el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) ya apuntó que la situación de la trabajadora limitaba de forma importante su capacidad laboral.
Pese a ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó inicialmente que las dolencias de la demandante tuvieran carácter invalidante. Fue entonces cuando la afectada acudió a la vía judicial para reclamar el reconocimiento de la prestación.
La mujer, nacida en 1989, sostenía que no podía seguir desempeñando sus funciones habituales por la enfermedad común que padecía. Dado lo anterior, el asunto acabó llegando a un juzgado de lo Social de Ciudad Real.
El informe del EVI y el juzgado de Ciudad Real resultaron determinantes
El Juzgado de lo Social dictó sentencia el 23 de octubre de 2024 y declaró que la demandante se encontraba en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.
Esa resolución fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que respaldó el criterio anterior al entender que las secuelas que presenta la trabajadora no son compatibles con un desempeño profesional normal.
En este sentido, el alto tribunal considera que quedó «acreditado» que la mujer está impedida «para la normal ejecución de un quehacer profesional con la dedicación, constancia y esfuerzo precisos para su correcto y regular desarrollo, lo que aboca el motivo al fracaso».
La pensión vitalicia reconocida refuerza el alcance de la sentencia judicial
Además del reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, la sentencia contempla el abono de una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora fijada en 2.773,76 euros.
Por este motivo, la resolución supone un respaldo completo a la reclamación de la trabajadora, después de que en un primer momento la Seguridad Social negara que sus dolencias fueran invalidantes. Para más noticias sobre otras sentencias laborales, visita la sección de empleo de nuestro diario digital.
Noticias relacionadas
- El empleo de mayores de 55 años marca récord y cambia el mercado laboral en España
- Despido disciplinario a una trabajadora por consultar y publicar contenido en redes sociales durante 21 horas
- Subvenciones de hasta 15.000 euros para contratar a personas con discapacidad en Andalucía
- Mercadona activa contrataciones en Andalucía para la campaña de verano 2026
- Despedido sin cobrar 827 días de vacaciones y gana 460.000 euros en el juicio
- El Supremo confirma que las empresas deben pagar como horas extra los cursos fuera de la jornada