Las comunidades de propietarios con piscina en Andalucía deberán prestar atención a una obligación que puede condicionar su apertura en los próximos años.
El aviso afecta especialmente a Sevilla, Málaga y otras capitales de provincias andaluzas, que cuentan con una fuerte presencia de urbanizaciones residenciales. La fecha marcada en el calendario es el 2 de enero de 2027, momento a partir del cual el personal encargado del mantenimiento deberá contar con la acreditación correspondiente. Por consiguiente, la certificación profesional del personal de mantenimiento será fundamental para evitar sanciones y obtener inspecciones desfavorables. Si no se cumple la normativa, se procedería al cierre temporal de instalaciones.
Por otra parte, en 2026, ya se ha anunciado de manera oficial, la fecha de apertura de las piscinas municipales de Sevilla, que este año contarán con una importante novedad.
La certificación profesional será imprescindible para evitar sanciones en piscinas comunitarias
La exigencia se enmarca en la normativa autonómica que desarrolla el Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de la Junta de Andalucía. En la práctica, obliga a que quienes se ocupen del mantenimiento, es decir, conserjes, operarios contratados o empresas externas, dispongan de la cualificación profesional necesaria que acredite sus competencias.
¿Y qué pasa si la comunidad no lo cumple? La responsabilidad recae sobre la propia comunidad de propietarios, como titular de la instalación. Por tanto, no basta con abrir la piscina cuando llega el calor, también hay que acreditar que el servicio se realiza con garantías.
Qué comunidades de propietarios deberán revisar antes sus servicios de mantenimiento
El impacto será mayor en las piscinas denominadas tipo 3A, es decir, aquellas pertenecientes a comunidades de propietarios con 20 o más viviendas. En comunidades más pequeñas, la aplicación puede ser parcial, aunque conviene revisar cada caso para evitar sorpresas.
Esta revisión no debería dejarse para el último momento. De hecho, muchas comunidades ya trabajan con empresas acreditadas, pero otras tendrán que adaptar contratos, servicios o personal propio.
Multas, cierres y responsabilidades que puede asumir la comunidad de vecinos
El incumplimiento puede acarrear consecuencias importantes. Las sanciones pueden superar los 3.000 euros en infracciones leves y alcanzar hasta 600.000 euros en los casos más graves, especialmente si existe riesgo para la salud pública.
Además de las multas, una inspección desfavorable podría derivar en requerimientos de subsanación, suspensión temporal del servicio o cierre de la piscina. No es un trámite menor, vaya. Entre las obligaciones vinculadas al mantenimiento destacan:
- Control periódico de la calidad del agua.
- Manipulación adecuada de productos químicos.
- Conservación de registros obligatorios.
- Aplicación de protocolos de autocontrol.
- Revisión de la cualificación del personal contratado.
Estas medidas buscan garantizar que las piscinas comunitarias funcionen con seguridad durante todo el año, no solo durante la temporada de baño.
El administrador de fincas gana peso ante el nuevo calendario legal
El administrador de fincas colegiado tendrá un papel decisivo en esta adaptación. Su labor incluye revisar contratos, comprobar certificados, anticipar plazos y coordinar a la comunidad con empresas especializadas.
En Andalucía se calcula que existen entre 120.000 y 180.000 piscinas, de las cuales entre 40.000 y 70.000 pertenecen a comunidades de propietarios. Las provincias con mayor impacto serían Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada.
La recomendación es clara, iniciar cuanto antes la revisión de cada instalación para llegar a 2027 con todo en regla. Así, las comunidades podrán evitar sanciones y garantizar que sus piscinas sigan siendo un espacio seguro de convivencia.
