La compañía eléctrica abre 128 expedientes al día en la comunidad autónoma y desmantela una media de 21 enganches semanales vinculados a plantaciones de cannabis.
El fraude eléctrico en Andalucía constituye una problemática de gran calado que compromete la seguridad ciudadana y la estabilidad del suministro. Según datos aportados por Endesa, durante el primer trimestre de 2026 se abrieron en la comunidad autónoma 10.996 expedientes de fraude, lo que representa un promedio de 128 incidencias cada jornada: estas manipulaciones provocaron la pérdida de 70.205.957 kWh de electricidad en la región.
Una porción muy notable de este consumo ilícito se vincula directamente con la producción de cannabis. Concretamente, entre enero y marzo de 2026, la distribuidora detectó 202 expedientes relacionados con plantaciones de marihuana que consumieron 13.204.909 kWh de energía: esta cifra equivale al 18,8% de toda la electricidad sustraída en territorio andaluz en dicho periodo.
Esta situación se enmarca en un contexto nacional complejo: de acuerdo con los informes de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), España concentró en 2023 el 73% de las plantas de cannabis decomisadas en la Unión Europea, una realidad con especial repercusión en las provincias andaluzas.
El impacto del fraude eléctrico en Andalucía por provincias
La distribución de los enganches ilegales para el cultivo de cannabis muestra variaciones importantes por territorios. El reparto de la energía sustraída para esta actividad durante el primer trimestre de 2026 sitúa a las provincias de la zona oriental al frente de los registros de la compañía, según adelanta Europa Press:
- Granada encabezó el consumo con 4.533.637 kWh defraudados y 94 expedientes tramitados.
- Almería documentó 3.047.680 kWh consumidos de forma ilegal y 35 expedientes.
- Sevilla registró 1.814.115 kWh de energía defraudada en un total de 27 expedientes.
- Cádiz sumó 1.521.794 kWh de consumo irregular con 23 expedientes.
- Málaga localizó 1.318.528 kWh defraudados distribuidos en 9 expedientes.
- Huelva alcanzó 560.969 kWh de electricidad consumida con 5 expedientes.
- Córdoba contabilizó 408.186 kWh de energía ilegal en 9 expedientes.
- Jaén mantuvo sus expedientes por marihuana pendientes de facturación.
Estas cifras complementan el histórico de la distribuidora. Endesa cerró el ejercicio de 2025 con 72.700 fraudes localizados en su red, lo que supuso un alza de 1.700 casos respecto al año previo. Entre 2021 y 2025, la compañía gestionó más de 320.000 expedientes y recuperó por encima de 3.750 GWh, de los cuales el 26% procedía de cultivos de cannabis; además, solo en 2025, los operarios desmantelaron unas 1.850 plantaciones de interior, según detalla Endesa en su balance de gestión.
Las consecuencias sobre la red y la seguridad de los técnicos
Las conexiones clandestinas no solo generan pérdidas económicas, sino que saturan las líneas de distribución y causan interrupciones constantes del servicio en las zonas afectadas. La Consejería de Universidad, Investigación, Innovación y Simplificación de la Junta de Andalucía elaboró en 2024 una auditoría en 56 centros de transformación de nueve barrios sevillanos; las conclusiones de este análisis, publicadas por la Junta de Andalucía, confirmaron que la red disponía de potencia suficiente para abastecer a los usuarios con contrato en vigor: por tanto, los apagones se debían a manipulaciones externas y a conexiones directas sin contrato ni contador.
Esta situación sobre el terreno también pone en riesgo la integridad de los trabajadores que operan la red. Los profesionales de Endesa y de sus contratas sufrieron cerca de 100 agresiones físicas o amenazas verbales en los últimos cuatro años, de las cuales 58 incidencias se concentraron únicamente durante el año 2025.
Endurecimiento de las penas en el Código Penal para atajar el fraude eléctrico en Andalucía
La gravedad de este escenario impulsó una reforma legislativa estatal para castigar con mayor dureza estas conductas. La Ley Orgánica 1/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril de 2026 y en vigor desde el día posterior, modificó el artículo 255 del Código Penal.
La modificación legal introduce un tipo agravado para la sustracción de energía cuando esta se destine a alimentar instalaciones dedicadas a delitos contra la salud pública, como el cultivo de cannabis. El nuevo marco normativo, recogido en el BOE, fija penas de 6 a 18 meses de prisión o multas de 12 a 24 meses para los responsables.
Canales para denunciar de forma anónima las conexiones ilegales
Para facilitar la detección de estos enganches clandestinos que alteran la convivencia, la distribuidora e-distribución ofrece varios canales de comunicación confidenciales para que los ciudadanos aporten datos de forma anónima:
- Teléfono gratuito 800 760 220 para atención directa.
- Correo electrónico en la dirección anomalias@enel.com.
- Formulario web disponible en el portal de la distribuidora para comunicar anomalías.
