El control en el litoral y acantilados centra las actuaciones de los agentes, que vigilan además el comercio y el empleo ornamental de conchas en la hostelería.
El resguardo de la riqueza ecológica marina en la costa de la comunidad autónoma exige una supervisión permanente por parte de los inspectores. Según datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a lo largo de 2025 se han registrado 105 actas de denuncia vinculadas al marisqueo ilegal de fauna marina protegida. Este trabajo, ejecutado por los agentes de medio ambiente andaluces, se dirige tanto a combatir la captura no permitida de estos animales en su hábitat como a frenar su venta y el uso ilícito de sus caparazones con fines estéticos en locales de restauración.
El balance de los expedientes abiertos por provincias sitúa la costa oriental a la cabeza de las intervenciones, con la provincia granadina a la cabeza:
- Granada: 39 expedientes.
- Cádiz: 26 expedientes.
- Málaga: 20 expedientes.
- Almería: 15 expedientes.
- Huelva: 5 expedientes.
Representantes del Gobierno andaluz precisan que la cifra de inspecciones efectivas supera con creces la de las infracciones detectadas. Un único documento administrativo puede agrupar las verificaciones llevadas a cabo de forma paralela en diversos comercios o sectores de la costa.
Penalizaciones y multas económicas aplicadas al marisqueo ilegal en el litoral de Andalucía
El marco regulatorio regional se muestra estricto con la salvaguarda de los animales marinos. De acuerdo con la legislación de flora y fauna silvestres de la comunidad, no se permite bajo ningún concepto tener, conservar, vender, trasladar ni comercializar ejemplares de especies protegidas, ya estén vivos o muertos, una restricción que abarca igualmente a sus fragmentos o estructuras rígidas; debido a esto, recoger conchas o restos óseos de estas variedades vulnerables resulta completamente ilícito.
Las sanciones económicas para quienes vulneren estas prohibiciones de conservación son rigurosas:
- Las faltas de carácter grave implican sanciones de entre 601,02 y 60.101,21 euros.
- Las faltas calificadas como muy graves conllevan penalizaciones de entre 60.101,22 y 300.506,05 euros.
Junto a los castigos monetarios, la ley prevé medidas complementarias que incluyen la retirada temporal o definitiva de los permisos de actividad, además del decomiso de los utensilios empleados en la actividad ilícita y de los ejemplares capturados.
Ejemplares en peligro en el litoral de Andalucía
El soporte legal de estas intervenciones se fundamenta en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, regulado mediante el Decreto 23/2012, junto con el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Actualmente, las aguas de la región albergan cinco tipos de invertebrados clasificados en la categoría de mayor riesgo de desaparición y otros cuatro bajo protección especial.
Dentro de los organismos más expuestos sobresale la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), cuya situación legal es de en peligro de extinción. La desaparición de individuos por culpa de la captura sin control compromete seriamente el futuro y la viabilidad de esta sensible población marina.
La supervisión presta también especial atención a la especie de gran envergadura denominada caracola de mar o bocina (Charonia lampas), clasificada como vulnerable. En el transcurso de las campañas de inspección de 2025, el cuerpo de agentes intervino cuatro estructuras de este molusco que se usaban de manera ilícita para ambientar un establecimiento de hostelería.
Operativos de control en playas, locales de venta y hostelería
El personal técnico actúa siguiendo las directrices del Protocolo de Inspección del marisqueo ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, una guía de trabajo de 2016 diseñada para coordinar esfuerzos contra la recolección de invertebrados con fines alimenticios o para carnada de pesca. Las tareas se dividen en tres grandes áreas: la vigilancia directa sobre el terreno, que concentra la mayor parte de las denuncias; la fiscalización de los canales de distribución comercial, y la revisión de bares y restaurantes, donde se constata que no se ofrezcan estos animales al público ni se exhiban sus restos como adorno.
El seguimiento sobre la costa andaluza resulta constante y multidisciplinar. Aparte de los expedientes tramitados por los agentes de medio ambiente, el servicio de inspección pesquera del Gobierno andaluz ejecuta un programa anual centrado en combatir la pesca no declarada. De forma paralela, la colaboración con los cuerpos de seguridad es estrecha; según datos de la administración regional, el trabajo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil permitió tramitar 120 denuncias por captura de coquinas en las playas durante la primera mitad de 2025, un operativo que concluyó con 62 expedientes por vía administrativa y cuatro investigados en el ámbito judicial.
