La Justicia ratifica que la falta de alta del empleado no basta por sí sola para exigir una indemnización por daños si no se demuestra una infracción preventiva de la empresa.
Sufrir un accidente laboral sin alta en la Seguridad Social durante la primera jornada de trabajo tras caer de una estructura provisional constituye el origen de un complejo proceso judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha eximido a una constructora de abonar una compensación económica por daños a un peón de albañil. A pesar de que la firma extinguió la relación laboral tras el percance (declarado improcedente por la vía judicial en 2022) e incurrió en una falta al omitir su registro, la resolución judicial concluye que un accidente laboral sin alta no conlleva de forma automática el pago de indemnizaciones si no se demuestra que la mercantil vulneró normativas de prevención.
El litigio de este operario, contratado verbalmente en abril de 2021, evidencia una problemática habitual en la edificación: tras precipitarse del andamio en su estreno laboral, permaneció de baja médica cerca de doce meses. La compañía formalizó su cese en el sistema de protección social tiempo después, evidenciando que el suceso aconteció sin el alta preceptiva. No obstante, los magistrados confirmaron la ausencia de evidencias materiales, tales como informes de la Inspección de Trabajo o propuestas de recargo de prestaciones, que demostrasen deficiencias en la plataforma o el terreno; a esto se sumó que los informes clínicos del afectado revelaban dolencias preexistentes en la articulación afectada debido a un siniestro vial previo.
Cómo protege la ley al empleado en un accidente laboral sin alta
El ordenamiento jurídico español dispone de herramientas para salvaguardar a los asalariados que afrontan un accidente laboral sin alta por incumplimiento patronal. Conforme al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, actualizado por última vez el 4 de febrero de 2026, conviene diferenciar la cobertura pública de la reclamación de daños:
- Alta de pleno derecho: según el artículo 136.4 de la citada ley, el personal por cuenta ajena se halla protegido de forma automática ante contingencias profesionales y desempleo, con independencia de que la empresa haya omitido su afiliación.
- Responsabilidad de las prestaciones: el artículo 167.2 imputa directamente al empleador el coste de la asistencia médica y los subsidios económicos derivados del siniestro si este no cumplió con sus deberes de cotización.
- Recargo de prestaciones: el artículo 164 contempla un incremento de entre el 30% y el 50% en las prestaciones económicas con cargo a la empresa cuando se verifique que las lesiones derivan de una falta real de medidas de prevención en las instalaciones.
Asimismo, los empleadores deben notificar obligatoriamente el parte de baja mediante la plataforma Delt@ en un término de cinco días hábiles desde el suceso o la prescripción médica.
Qué se debe probar en los tribunales para obtener una indemnización
El proceso judicial evidencia que reclamar compensaciones económicas complementarias requiere un estricto esfuerzo probatorio. Para obtener un fallo condenatorio contra la constructora, la defensa del damnificado debe acreditar una vulneración precisa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o del Real Decreto 1627/1997, regulador de las condiciones de seguridad en la edificación.
Los factores esenciales examinados en el ámbito judicial comprenden:
- El diseño de una evaluación de riesgos propia para la actividad desempeñada.
- La redacción del plan de seguridad y salud, preceptivo durante el desarrollo de la obra.
- El registro de la entrega de los equipos de protección individual idóneos para labores de altura.
- La instrucción teórica y práctica sobre prevención facilitada al trabajador desde su incorporación.
De acuerdo con criterios del Consejo General del Poder Judicial, la mera existencia del daño físico no presupone culpabilidad de la empresa si no se demuestra una omisión negligente de sus deberes de protección.
La siniestralidad laboral en el sector de la construcción en Andalucía
El ámbito de la construcción se mantiene como una de las actividades con mayor índice de siniestros. Según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo de mayo de 2025 a abril de 2026, la edificación lidera los registros con una tasa de incidencia de 5.509 puntos: en esa etapa se contabilizaron 79.867 percances con baja y fallecieron 153 operarios en el territorio nacional.
Por su parte, Andalucía registró un índice de incidencia total de 2.707 y sumó 102 fallecimientos en el conjunto de sus sectores productivos en el mismo marco temporal del estudio. A pesar de estas cifras, de acuerdo con datos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía publicados el 12 de marzo de 2026, la siniestralidad general en la región disminuyó un 7,37% entre 2024 y 2025, un descenso que superó en 1,20 puntos porcentuales la media de la reducción nacional.
