El Consejo de Gobierno da luz verde a una inversión de 100 millones de euros anuales para combatir el fracaso escolar y estabilizar las plantillas docentes
Los colegios de zonas desfavorecidas de Andalucía contarán con un incremento de 1.792 profesionales de la enseñanza para el periodo lectivo 2026-2027. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el pasado 17 de junio de 2026 una nueva regulación para la asistencia pedagógica en centros de enseñanza no universitaria ubicados en entornos que requieren una intervención social activa. Esta normativa, acordada con la representación sindical, tiene como fin coordinar las herramientas previas de compensación escolar y aportar respuestas organizativas a las disparidades sociales, económicas, territoriales o culturales que afectan a los estudiantes de la región.
El plan dispone de una partida financiera aproximada de 100 millones de euros anuales y repercutirá positivamente en 1.043 colegios e institutos de titularidad pública de la comunidad. En cuanto a la distribución del personal de refuerzo, 1.275 especialistas se adscribirán a las áreas de intervención social y 517 se asignarán a plazas extraordinarias en centros de compensación educativa; asimismo, la planificación añade la apertura de 65 unidades de acompañamiento en centros de carácter concertado con el objetivo de facilitar la inserción de los alumnos que presentan una mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que la Junta de Andalucía aprobó 3.720 nuevas plazas docentes para 2026.
Cuáles son los requisitos para los colegios de zonas desfavorecidas
La nueva disposición legal funde las antiguas estructuras de compensación y las áreas de intervención escolar prioritaria bajo un esquema que amplía los baremos espaciales y de riesgo social. De este modo, para que una escuela o instituto pueda disponer de estas dotaciones de carácter excepcional, tendrá que reunir alguna de las directrices fijadas por el Gobierno autonómico.
La ordenación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional estipula que las instituciones escolares candidatas deben ajustarse a estas condiciones específicas:
- Hallarse localizadas en las áreas de actuación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).
- Constituir centros de enseñanza de carácter rural o desarrollar su actividad docente en centros de reclusión penitenciaria.
- Contar con un índice de escolarización de, al menos, un 15% de alumnado en situación de vulnerabilidad, con independencia de su localización territorial.
Cómo se distribuirán los fondos en estos colegios vulnerables
Este proyecto de intervención pedagógica y social en entornos con requerimientos de transformación se sufraga a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Conforme a la disposición del 12 de junio de 2026, el intervalo de aplicación de estas actuaciones abarcará desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. Las escuelas públicas que resulten seleccionadas obtendrán una asignación monetaria de destino específico de hasta 4.000 euros para financiar sus programaciones; no obstante, el reglamento prohíbe de manera explícita emplear dichos recursos para la adquisición de equipos informáticos, herramientas tecnológicas o bienes de carácter inventariable.
Una de las principales dificultades que sufren los colegios de zonas desfavorecidas radica en la constante rotación de sus profesionales, que llega a superar el 70% del personal en determinados ejercicios. Con el propósito de mitigar este movimiento de trabajadores y afianzar las iniciativas pedagógicas, la administración andaluza ha estructurado una serie de compensaciones profesionales destinadas a los docentes que opten por continuar en estos puestos catalogados como de especial dificultad.
Los profesores que alcancen sus primeros cuatro periodos lectivos seguidos en estas plazas obtendrán ocho puntos de bonificación para los procesos de provisión de puestos; a esta cifra se añadirán tres puntos por cada año adicional de permanencia. El texto normativo contempla también la designación excepcional de directores por un curso en supuestos de vacante, concediéndoles la facultad de seleccionar a los miembros de su equipo de dirección mediante comisiones de servicio para dinamizar el funcionamiento organizativo.
A través de esta reestructuración, las autoridades educativas de la región persiguen fomentar la continuidad escolar y el rendimiento académico del alumnado por medio de la reorganización de las aulas y la moderación del número de estudiantes por docente. Este renovado marco legal reemplaza las iniciativas de carácter temporal por un sistema permanente que persigue la consolidación de los equipos pedagógicos en aquellos entornos que precisan de un mayor soporte institucional.
