El borrador del nuevo decreto prevé que estas oficinas reciban las solicitudes de residencia y trabajo, mientras el Ministerio de Migraciones asumirá la revisión de los expedientes.
La regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno entra en una fase decisiva. El último borrador del decreto plantea que las solicitudes se presenten en oficinas de Correos y de la Seguridad Social, con un plazo de resolución de tres meses desde que cada expediente sea admitido a trámite. En juego está poner en regla la situación de cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin papeles.
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Cómo será el proceso de regularización de migrantes en Correos y Seguridad Social
Las peticiones deberán formalizarse mediante un modelo específico que estará disponible en las webs de los ministerios de Migraciones y de Política Territorial. Después, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente de Migraciones, se encargará de revisar la documentación y decidir cada caso.
La decisión no ha estado exenta de debate. Política Territorial defendía que las oficinas provinciales de Extranjería asumieran esta tarea por contar con personal especializado. Sin embargo, quienes respaldan la fórmula elegida sostienen que muchas de esas oficinas ya arrastran retrasos importantes. ¿El temor? Que el atasco administrativo vuelva a repetirse.
Qué requisitos fija el borrador y por qué el debate sigue abierto
La regularización está pensada para las personas que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de este año y que acrediten cinco meses consecutivos de permanencia previos a la solicitud. El plazo para presentar la petición se extendería hasta el 30 de junio. Estos son los puntos clave del borrador:
- Estancia en España antes del 1 de enero.
- Permanencia continuada durante cinco meses antes de solicitarla.
- Presentación dentro del plazo fijado.
- Solicitud de permiso de residencia y trabajo por el nuevo cauce administrativo.
El alcance de la medida es enorme. El Gobierno calcula unos 500.000 potenciales beneficiarios, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta 840.000 personas. Además, la iniciativa llega tras una fuerte presión social, respaldada por más de 600.000 firmas y por el debate parlamentario abierto en 2024.
El trasfondo no es solo administrativo. El Ejecutivo defiende que aflorar empleo irregular reforzará la Seguridad Social y aumentará la recaudación. También vincula la reforma al envejecimiento de la población y a la necesidad de sostener el sistema de bienestar. Vamos, que la discusión afecta tanto a la gestión migratoria como al mercado laboral y a las pensiones.
Con todo, la polémica política sigue viva. La medida ha provocado críticas de la derecha y dudas sobre la capacidad real de la Administración para absorber tal volumen de expedientes. Si las oficinas elegidas logran evitar nuevas demoras, el proceso puede aliviar una situación enquistada durante años. Infórmate de más noticias y asuntos relacionados en la sección de trámites de nuestro periódico digital.
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