Un técnico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla demanda al SAS por acoso laboral tras ser suspendido 200 días

El trabajador sostiene que sufrió insultos, amenazas y humillaciones por parte de superiores jerárquicos y que la sanción disciplinaria fue una represalia tras denunciar los hechos.

Un trabajador del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha presentado una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y varios responsables jerárquicos al considerar que fue víctima de una situación prolongada de acoso laboral que terminó con una sanción de 200 días de suspensión de funciones, en un contexto similar a otros casos recientes como el de despido improcedente tras denunciar acoso.

Según expone en su demanda, el empleado, técnico de mantenimiento, ya había tenido que cambiar anteriormente de centro de trabajo después de denunciar otra situación de acoso contra uno de los ahora señalados. Pese a ese traslado, el conflicto, lejos de cesar, habría continuado en su nuevo destino.

El conflicto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y la denuncia contra el SAS

La demanda recoge que, desde 2023, el trabajador habría vuelto a sufrir una situación persistente de hostigamiento por parte de superiores jerárquicos. Entre los hechos denunciados figuran insultos, humillaciones públicas, amenazas, gritos, intentos de agresión física y una progresiva desvalorización profesional.

Como consecuencia de esa situación, el demandante habría sufrido un importante deterioro de su salud mental, con episodios reiterados de ansiedad. Esos problemas, siempre según la demanda, habrían quedado reflejados en informes médicos periciales y lo habrían mantenido en una situación de baja laboral prolongada.

La activación del protocolo de acoso laboral del SAS acabó en expediente disciplinario

Tras poner los hechos en conocimiento interno y solicitar la activación del protocolo de prevención del acoso laboral del SAS, la respuesta administrativa, según sostiene la demanda, no fue la adopción de medidas de protección, sino la apertura de actuaciones disciplinarias contra el propio denunciante.

En este sentido, el trabajador fue citado para una información reservada en la que pasó de denunciante a investigado. Además, se le comunicó de forma verbal y sin resolución escrita el archivo del protocolo de acoso.

Meses después, la dirección del hospital abrió un expediente disciplinario por supuestos hechos ocurridos entre 2023 y 2024 que, hasta ese momento, no habían sido sancionados. Ese procedimiento concluyó el pasado 20 de enero con una suspensión de funciones de 200 días por faltas graves.

El informe psicológico y la vulneración de derechos fundamentales del trabajador sancionado

La demanda sostiene que esa actuación vulnera la garantía de indemnidad, al entender que se habría producido una represalia por ejercer sus derechos laborales. Por este motivo, el trabajador solicita el reconocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales y la adopción de medidas reparadoras.

El procedimiento judicial incorpora además un informe pericial psicológico que concluye que el empleado presenta un trastorno adaptativo con ansiedad directamente vinculado al entorno laboral. Dado lo anterior, la demanda mantiene que la administración no solo no lo protegió, sino que agravó el daño sufrido tras denunciar.

La defensa del trabajador considera que el caso dibuja un escenario especialmente grave, en el que la administración habría tolerado la situación denunciada. A ello se suma, según sostiene, que cuando el empleado activó los mecanismos legales de protección, la respuesta fue una investigación contra él y la posterior imposición de una sanción severa.

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