Un supuesto beneficiario irregular del Matadero de Fuente Obejuna desatiende a la Audiencia de Sevilla y obliga a la Fiscalía a actuar por su desobediencia tras suspenderse la vista.
El proceso judicial derivado del caso de los ERE, la mayor trama de desvío de fondos en Andalucía, presenta un episodio inédito; uno de los doce investigados en la pieza del Matadero de Fuente Obejuna, Inocencio E. P., ha rechazado presentarse ante el tribunal tras ser localizado en su vivienda por un funcionario judicial. Su incomparecencia forzó el aplazamiento de la vista prevista para mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla: esta rebeldía introduce incertidumbre sobre el desarrollo de una causa penal que investiga el menoscabo de más de 2,5 millones de euros públicos.
El desencuentro ocurrió el 12 de junio: un empleado de la Oficina de Justicia Municipal de Fuente Obejuna logró entregar en mano al investigado una citación expedida el 27 de abril por el tribunal sevillano. Según el acta de la diligencia, el procesado respondió con hostilidad, gritando que «él no se ha enterado de nada» e interrumpiendo al funcionario para exigir «que el juzgado lo deje tranquilo».
El acusado insistió en desvincularse de Sevilla, se negó a firmar la documentación y avisó de que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie». Esta postura ha provocado que su abogado defensor renuncie a representarlo al no poder comunicarse con él; la Audiencia de Sevilla ha remitido los hechos a la Fiscalía para que determine las medidas legales ante este desacato.
Cuál es el origen de la acusación contra el procesado en el caso de los ERE
El inicio de esta causa penal se remonta a la resolución dictada el 2 de noviembre de 2021 por el magistrado de instrucción José Ignacio Vilaplana, quien continuó el proceso contra doce personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias. En marzo de 2022, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ordenó la apertura de juicio oral contra 12 personas y 3 entidades por un desvío de fondos que asciende a 2.528.258,63 euros entre 2002 y 2009.
Las pesquisas sitúan a Inocencio E. P. como un perceptor ajeno a la plantilla, un «intruso», en el expediente financiado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Según el instructor, el encausado «habría recibido fraudulentamente, al menos, la cantidad de 59.473,43 euros» de estas ayudas: aunque trabajó en el matadero en el pasado, cuando se otorgaron las subvenciones no tenía relación laboral con la empresa y cobraba una pensión por invalidez.
Esta circunstancia choca con la regulación autonómica; el posterior Decreto-ley 4/2012 de la Junta de Andalucía ratificó que estas subvenciones son incompatibles cuando el beneficiario alcanza la edad de jubilación o adquiere la condición de pensionista, lo que anula el cobro de estas ayudas costeadas con dinero público.
El fraude del Matadero de Fuente Obejuna, inactivo dos años cuando se concedieron los primeros fondos en 2002, se canalizó mediante una agrupación de antiguos empleados. Según declararon los anteriores directivos de la entidad, el intermediario Juan Lanzas, exdirigente de UGT, promovió encuentros en la Casa del Pueblo del municipio para que los extrabajadores firmaran contratos falsos con una compañía de Jaén: este mecanismo sirvió para tramitar convenios con la Seguridad Social y simular prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía, incluyendo a cuatro personas ajenas a la plantilla que causaron un perjuicio de 618.262 euros a las arcas públicas.
Cómo avanza el caso de los ERE en los tribunales en 2026
La suspensión de esta vista coincide con un periodo de intensa actividad judicial respecto al caso de los ERE. El escenario de la causa general está bajo revisión tras el fallo del Tribunal Constitucional STC 93/2024, de 19 de junio, que estimó parcialmente un recurso de amparo al apreciar una infracción del derecho a la legalidad penal en una de las piezas, lo que ha redefinido los límites de las condenas por malversación y prevaricación.
Ante este panorama, la Audiencia de Sevilla resolvió el 15 de julio de 2025 plantear una consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar la impunidad en el enjuiciamiento de los fondos públicos desviados. El trámite sigue su curso después de que, el pasado 20 de abril de 2026, la Comisión Europea solicitara al TJUE que se declare incompetente para resolver la consulta formulada por el tribunal sevillano.
Mientras tanto, la justicia andaluza sigue resolviendo las distintas ramificaciones del fraude. El pasado 8 de abril de 2026, la Audiencia de Sevilla notificó una nueva sentencia sobre otra de las piezas separadas del caso de los ERE, que concluyó con una absolución y una condena de nueve meses de prisión para un empresario beneficiario de las ayudas, confirmando que la causa general sigue activa en los juzgados.
