La Junta de Andalucía vigila los precios, las facturas y la implantación de las nuevas hojas de reclamaciones electrónicas.
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía mantiene en marcha el programa de control básico de establecimientos con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en toda la comunidad. Este plan de actuación, iniciado en abril y programado hasta el próximo mes de diciembre de 2026, contempla ejecutar visitas de carácter preventivo en al menos 2.200 establecimientos de las ocho provincias andaluzas. Las inspecciones alcanzan a locales de alimentación, comercios minoristas de productos diversos y empresas de servicios.
Las delegaciones territoriales de consumo dirigen estas tareas de supervisión directa con una finalidad didáctica y disuasoria; buscan asegurar que los negocios cumplan con las normativas vigentes antes de que se produzcan conflictos o reclamaciones por parte de la clientela.
Qué inspecciona la campaña de control básico de establecimientos
Los inspectores destinados a las labores de control básico de establecimientos priorizan que las tarifas de los bienes y servicios se exhiban de forma transparente y comprensible para el público: es obligatorio mostrar el coste final de venta y el importe por unidad de medida para que los clientes comparen las ofertas con facilidad. De acuerdo con las pautas de las inspecciones de consumo de la Junta de Andalucía, las principales verificaciones que se realizan en estas visitas técnicas son las siguientes:
- La disponibilidad de los formularios de reclamación y el cartel informativo correspondiente en un lugar visible.
- El correcto etiquetado de los precios de venta al público de todos los artículos expuestos.
- La entrega de tiques o facturas de compra que contengan los datos fiscales requeridos por ley.
- El seguimiento del origen y trazabilidad de los alimentos en plazas de abastos y supermercados.
- La comprobación de que las básculas de pesaje tengan sus sellos de calibración oficiales actualizados.
- La adecuación de las campañas publicitarias a la normativa y la veracidad de las ofertas anunciadas.
- El acatamiento de las restricciones de comercialización de tabaco y el cobro regulado de las bolsas de plástico.
Cómo funciona el nuevo sistema de reclamaciones electrónicas en Andalucía
La modernización digital de los mecanismos de defensa del comprador constituye una de las mayores novedades de este periodo; tal como recoge el BOJA número 82, los comercios y prestadores de servicios que operan en el territorio andaluz deben contar con el formato electrónico de hojas de quejas y reclamaciones de forma obligatoria. Esta herramienta tecnológica coexiste con las tradicionales plantillas físicas en papel, que se deben seguir ofreciendo en los puntos de venta presenciales.
Mediante la aplicación web Hoj@ 2026, los usuarios tienen la posibilidad de tramitar sus incidencias directamente con su teléfono móvil: el portal agiliza la gestión empleando códigos QR y geolocalización para localizar el negocio de manera automática. Para atender las consultas relacionadas con este canal, la Junta de Andalucía dispone del servicio de asistencia Consumo Responde en el número gratuito 900 21 50 80, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, y los sábados desde las 8 hasta las 15 horas.
Cuántas infracciones detectó Consumo en los comercios andaluces el año pasado
Esta iniciativa de control básico de establecimientos forma parte del Plan de Inspección de Consumo 2026, ratificado el 19 de enero de 2026; los balances del ejercicio anterior, llevado a cabo durante 2025, demuestran la conveniencia de realizar estos exámenes continuos en el tejido empresarial de la región.
En el transcurso de dicho año, los inspectores de la Junta efectuaron 2.859 visitas de supervisión en un total de 1.763 comercios locales: estas inspecciones derivaron en la apertura de 1.767 actas de control, de las cuales 185 reflejaron algún tipo de incumplimiento legal. Las estadísticas señalan que el 10,5% de los establecimientos inspeccionados incurrió en infracciones a la normativa de consumo; las anomalías más comunes correspondieron a la carencia de los formularios oficiales o de su cartel de aviso, la ausencia de precios visibles al exterior y la falta de información sobre el coste por unidad de medida.
