La reforma de las pensiones obliga a este grupo de edad a trabajar hasta el límite fijado por ley si no acumulan 38 años y medio cotizados.
La generación nacida en el año 1962 será la primera que deba afrontar de manera plena el retraso en la edad de jubilación ordinaria a los 67 años. Este grupo de trabajadores cumplirá los 65 años en 2027, justo el ejercicio en el que finaliza el calendario de transición diseñado en la reforma de las pensiones de 2011. A partir de esa fecha, el sistema exigirá requisitos de cotización más duros para poder retirarse con la edad de jubilación tradicional de 65 años sin sufrir recortes en la cuantía de la prestación.
Un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de las consecuencias de este retraso obligatorio, especialmente en los empleos que exigen un gran esfuerzo físico. El informe, coordinado por el investigador Sergi Jiménez Martín (Universidad Pompeu Fabra y Fedea), concluye que obligar a prolongar la vida laboral en puestos catalogados como penosos eleva el riesgo de sufrir una muerte prematura entre los 60 y los 67 años. Según los datos del análisis, esta medida eleva la mortalidad prematura un 1,6% entre los hombres afectados, un impacto que duplica al registrado en las mujeres.
Cómo afecta el nuevo calendario a la edad de jubilación de los nacidos en 1962
La normativa actual establece un endurecimiento progresivo de los requisitos de cotización. En 2026, la edad ordinaria para retirarse se sitúa en los 65 años si se acreditan 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social. Quienes no alcancen esa cifra deben esperar hasta los 66 años y 10 meses.
Sin embargo, el escenario cambia por completo a partir de 2027 para la cohorte nacida en 1962:
- Para jubilarse a los 65 años se exigirá acreditar al menos 38 años y 6 meses cotizados.
- Quienes no alcancen ese umbral de cotización verán retrasada su edad ordinaria de retiro de forma automática a los 67 años.
La investigación de Fedea, basada en la Muestra Continua de Vidas Laborales de personas nacidas entre 1948 y 1957, demuestra que los afectados por el incremento de la edad legal retrasan su salida efectiva del mercado de trabajo una media de 8,1 meses. El estudio incide en que este retraso genera un coste de salud evidente en sectores como la construcción a pie de obra, la industria o la minería, donde el desgaste físico acumulado agrava las patologías de los trabajadores de más edad.
Opciones para adelantar el retiro y cambios en el cálculo de la pensión
La normativa de la Seguridad Social contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada, aunque con penalizaciones aplicadas a través de coeficientes reductores. La modalidad voluntaria permite adelantar el retiro hasta un máximo de 2 años respecto a la edad ordinaria, mientras que la involuntaria o forzosa permite un adelanto de hasta 4 años. Conviene tener en cuenta que en la jubilación anticipada voluntaria no se aplican las bonificaciones de edad previstas para colectivos con discapacidad o actividades penosas.
Por otro lado, los trabajadores que se jubilen a partir de ahora se encuentran con un nuevo sistema de cálculo. Desde 2026 y hasta el año 2040, se aplica una transición por la cual la administración calcula la base reguladora bajo la fórmula más favorable para el ciudadano entre estas dos opciones:
- El método tradicional de los últimos 300 meses de cotización dividido entre 350 (25 años).
- El nuevo sistema de 324 bases de cotización de los últimos 348 meses divididas entre 378 (29 años, descartando los dos peores ejercicios).
El impacto de las pensiones en Andalucía
La realidad del sistema de pensiones tiene un reflejo directo en la comunidad autónoma andaluza. Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha de 1 de marzo de 2026 se contabilizaban 1.722.271 pensiones en vigor en Andalucía.
La pensión media de jubilación en la región se situó en esa fecha en 1.426,15 euros mensuales, una cuantía que ya incorpora la revalorización general del 2,7% aprobada para las pensiones contributivas durante el presente ejercicio de 2026. La brecha de género sigue afectando a las trabajadoras andaluzas, quienes suelen presentar carreras de cotización más cortas debido a periodos de cuidado familiar, lo que dificulta que alcancen los 38 años y medio exigidos para jubilarse a los 65 años.
