La investigadora Piedad Martín participa en un foro nacional para coordinar el control de contaminantes como los nitratos y los plaguicidas en el suministro público.
La detección de PFAS en el agua potable y sus efectos sobre la salud colectiva protagonizan las discusiones científicas actuales en torno a los contaminantes de nueva aparición. Con el fin de abordar esta problemática, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, mediante la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha colaborado de forma directa en un encuentro de debate organizado con la Fundación Conama y Ecologistas en Acción; una cita técnica orientada a evaluar los peligros de estos compuestos persistentes y a estructurar estrategias de supervisión más rigurosas en las redes de abastecimiento locales.
La docente en Salud Pública de la EASP, Piedad Martín, lideró los debates enfocados en las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Estos elementos químicos causan una notable inquietud entre los investigadores debido a su prolongada resistencia ambiental, así como a su capacidad para incorporarse a los alimentos y a los acuíferos de consumo.
Cuáles son los límites legales para los PFAS en el agua de consumo
La legislación nacional ha endurecido sus requisitos con el propósito de asegurar la salubridad del suministro doméstico. De este modo, el Real Decreto 3/2023 fijó calendarios de obligado cumplimiento para que corporaciones locales y entidades gestoras actualizaran sus métodos de laboratorio; una normativa que impuso la fiscalización de cuatro compuestos concretos (PFOA, PFOS, PFNA y PFHxS) con anterioridad al 2 de enero de 2024, estableciendo un tope máximo de 0,07 microgramos por litro para cada uno de ellos.
El reglamento estatal también exige evaluar de forma conjunta una veintena de compuestos pertenecientes a este grupo químico. Aunque las compañías de suministro debían integrar esta medición en sus controles habituales a partir del 2 de enero de 2025, el plazo definitivo se cumple próximamente: la observancia rigurosa de los baremos establecidos para los PFAS en el agua será exigible a partir del 2 de enero de 2026, con un umbral de tolerancia fijado en 0,10 microgramos por litro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa de forma constante estas sustancias, puesto que el contacto de la población con ellas no se limita a la red de distribución hídrica. Los ciudadanos pueden asimilar estos elementos mediante la alimentación, el uso de artículos cotidianos o en sus puestos de trabajo; de forma paralela, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) progresa en el desarrollo de iniciativas para limitar su empleo en los procesos industriales de la Unión Europea.
El control de nitratos y plaguicidas en los grifos andaluces
Debido a su fuerte sector agrícola, la comunidad andaluza vigila con rigor la concentración de compuestos de nitrógeno y biocidas en sus reservas hídricas superficiales y subterráneas. El marco legal vigente determina límites precisos para salvaguardar la salud pública:
- Una concentración máxima de 50 miligramos por litro en el caso de los nitratos.
- Un tope de 0,10 microgramos por litro de manera idéntica para cada tipo de plaguicida de forma individual.
- Un límite de 0,50 microgramos por litro para la totalidad de plaguicidas hallados de forma conjunta.
- Un valor límite de 0,10 microgramos por litro para el conjunto de los 20 PFAS bajo regulación.
Las estadísticas recogidas por el Sistema de Información de Agua de Consumo (SINAC) reflejan la efectividad de estas inspecciones en el territorio autonómico. En una evaluación llevada a cabo recientemente en la localidad malagueña de Monda, el suministro recibió la calificación de apta para el consumo al presentar concentraciones mínimas de estas sustancias: las pruebas detectaron 6 miligramos de nitratos por litro, 0,0245 microgramos por litro en la suma de compuestos perfluoroalquilados y 0,15 microgramos por litro en biocidas totales, registros que se sitúan notablemente por debajo de las exigencias del Ministerio de Sanidad.
Cómo vigila Andalucía la calidad de su red de abastecimiento
El Gobierno regional dispone de mecanismos de control específicos para certificar que el agua distribuida a las viviendas andaluzas reúne los requisitos de seguridad sanitaria requeridos. A través de la Junta de Andalucía se coordina el Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo, un plan que traslada la normativa estatal a las realidades geográficas de las ocho provincias, con un enfoque prioritario en los entornos rurales expuestos a una mayor explotación del campo.
En el ámbito estatal, el estudio técnico más reciente del Ministerio de Sanidad acerca de la calidad de los recursos hídricos, basado en la información del SINAC, examina un total de 10.867 áreas de suministro. Este registro oficial de supervisión sanitaria abarca al 83,3% de la población nacional, lo que permite a las corporaciones locales y autonómicas identificar cualquier alteración en los niveles de contaminantes de nueva aparición y adoptar medidas urgentes para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
