El Banco de España detalla el proceso por el cual los saldos abandonados pasan a ser de utilidad pública tras dos décadas sin gestiones del titular.
El olvido de una libreta de ahorro o un depósito bancario inactivo pueden derivar en la pérdida de los fondos, ya que el Estado se apropia de las cuentas sin movimientos tras dos décadas de inactividad. Según advierte el Banco de España, este proceso no es automático ni inmediato: está sujeto a una regulación estricta que exige verificaciones previas y avisos a los titulares antes del traspaso de los depósitos.
Esta medida afecta a cuentas corrientes, libretas de ahorro y productos similares; no obstante, un depósito no se cancela por quedarse a cero. Para que se inicie este proceso, debe transcurrir dicho plazo de veinte años sin que se registre ninguna gestión que demuestre que el usuario mantiene el control sobre su dinero.
Cómo evitar que el Estado se quede con las cuentas sin movimientos
Para que una cuenta se considere legalmente abandonada, el plazo de 20 años debe transcurrir sin que el propietario realice ningún trámite. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, interrumpe el cómputo y reinicia el contador:
- Realizar un depósito o retirar efectivo en una sucursal o cajero.
- Hacer una transferencia de fondos hacia o desde la cuenta.
- Solicitar un extracto de movimientos o actualizar la libreta.
- Acudir a la oficina para renovar la información de contacto personal.
Si el propietario o sus herederos realizan alguna de estas gestiones antes de que venza el plazo, la presunción de abandono queda anulada de inmediato.
El papel del banco y la obligación de avisar al cliente
Las entidades financieras no pueden transferir los fondos de las cuentas sin movimientos de forma directa y unilateral. Según la Orden EHA/3291/2008, los bancos deben verificar minuciosamente que no se ha registrado ninguna operación en las cuentas sin movimientos durante las dos décadas exigidas por la ley.
Asimismo, la regulación fija un protocolo de aviso para proteger a los ahorradores:
- El banco debe comunicar al titular que su cuenta está en riesgo de abandono al menos tres meses antes de que se cumpla el plazo de 20 años.
- Este aviso tiene que enviarse por correo certificado o un canal similar que confirme la recepción.
- El documento debe indicar con claridad el tiempo restante antes de que los fondos pasen al Estado.
Existe una excepción relevante a este deber de comunicación: la entidad queda exenta de enviar la notificación certificada si el coste del envío postal supera el saldo disponible en la cuenta.
Quién se queda con el dinero y a qué se destina
Existe la creencia de que estos saldos olvidados pasan a engrosar los beneficios de las propias entidades bancarias, pero no es así. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que corresponden a la Administración General del Estado.
El Banco de España aclara que no es su institución la que declara el abandono de los fondos, sino que esta potestad corresponde en exclusiva a la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los bancos deben remitir la información de estos saldos a la delegación de Economía y Hacienda correspondiente durante el primer trimestre de cada año.
Por ley, el dinero recuperado de estos depósitos se destina a un fin social específico: los fondos se asignan de forma íntegra a financiar programas de mejora educativa y proyectos para asegurar la accesibilidad universal de personas con discapacidad.
Millones de euros recuperados por el patrimonio público
La cuantía económica que ingresa el Estado por esta vía es considerable. Según la memoria de 2024 de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se gestionaron un total de 212 actuaciones sobre saldos y valores abandonados en el último ejercicio.
Estas intervenciones arrojaron las siguientes cifras oficiales:
- Un ingreso en metálico para el Estado de 18.334.607,99 euros procedentes de saldos abandonados.
- La declaración de abandono de activos financieros que afectó a títulos con un valor nominal de 14.326.621,11 euros.
Como referencia, el supervisor bancario señaló que en 2021 el Ministerio de Hacienda ingresó unos 29 millones de euros procedentes de cuentas y libretas olvidadas por sus dueños o cuyos herederos desconocían su existencia. Mantener los datos actualizados en la entidad es la mejor garantía para evitar sorpresas con los ahorros de toda una vida.
