Los consumidores contarán con un mayor respaldo legal para exigir la reparación de sus dispositivos electrónicos frente a la compra de productos nuevos.
El derecho a reparar representa la última estrategia de las instituciones comunitarias para frenar la obsolescencia planificada y promover hábitos de consumo sostenibles. Esta regulación, integrada en la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, impone a las corporaciones la obligación de facilitar la restauración de equipos electrónicos y de uso doméstico. En el territorio nacional, donde el plazo de cobertura para artículos a estrenar se estableció en tres años desde el 1 de enero de 2022, la nueva legislación introduce exigencias adicionales encaminadas a garantizar que la restauración de cualquier aparato constituya una alternativa viable, asequible y real para los usuarios. Te contamos cómo puedes reclamar el derecho a reparar un móvil o un electrodoméstico si resides en Andalucía.
Cuándo entra en vigor el nuevo derecho a reparar
El plazo máximo fijado para que los distintos países de la Unión Europea adapten sus marcos legislativos y comiencen a aplicar estas directrices de manera vinculante concluye antes del 31 de julio de 2026. Desde esa fecha límite, las firmas tecnológicas y de electrodomésticos que operen en el espacio comunitario tendrán que acatar de forma rigurosa las directrices de asistencia técnica y distribución de componentes de sustitución.
No obstante, los teléfonos móviles y las tabletas contarán con una planificación específica en materia de sostenibilidad que se implementará con anterioridad. A partir del 20 de junio de 2025, estos terminales habrán de adecuarse a criterios concretos de diseño ecológico y clasificación de eficiencia energética. Entre estas directrices destaca la obligatoriedad de incorporar acumuladores de energía capaces de resistir al menos 800 ciclos de carga conservando el 80% de su capacidad original. De igual modo, las marcas distribuidoras habrán de suministrar los repuestos esenciales en un intervalo de entre cinco y diez días hábiles, asegurar el stock de componentes durante siete años tras el cese de comercialización del producto y suministrar soporte de software por un periodo mínimo de un lustro.
Qué dispositivos se pueden arreglar con la nueva normativa
La legislación europea determina que la protección del derecho a reparar se restringe en exclusiva a los artículos de consumo, por lo que quedan excluidas las operaciones comerciales efectuadas entre empresas. Los fabricantes de los bienes enumerados en el reglamento técnico correspondiente estarán obligados a proporcionar alternativas de reparación viables para prolongar la vida útil de sus equipos.
Los artículos que integran este listado de reparación obligatoria son:
- Lavadoras, secadoras y lavavajillas domésticos.
- Frigoríficos y otros aparatos de refrigeración.
- Pantallas, televisores y monitores.
- Aspiradoras y equipos de soldadura.
- Teléfonos móviles inteligentes, tabletas y teléfonos inalámbricos.
- Servidores y productos de almacenamiento de datos.
- Vehículos y dispositivos con baterías de micromovilidad.
Cómo funciona la garantía y el derecho a reparar
Una de las modificaciones más destacadas de la regulación incide de forma directa en las coberturas de los artículos que muestren fallos durante el periodo de protección legal. Si el usuario opta por la subsanación del fallo en lugar de solicitar la sustitución por un artículo nuevo, se le concederán automáticamente doce meses adicionales de garantía legal sobre la totalidad del aparato. Esta ampliación anual se otorgará únicamente en una ocasión con el fin de impedir encadenamientos ilimitados de prórrogas.
Una vez expirado el plazo de garantía, las empresas productoras mantienen el deber de efectuar las reparaciones requeridas siempre que no exista un impedimento técnico insalvable. El reglamento establece que estas intervenciones deben realizarse en un tiempo prudencial y bajo tarifas razonables, evitando costes desmesurados que condicionen al propietario a adquirir otro modelo. Asimismo, las corporaciones no podrán rechazar la reparación de un terminal basándose en que este haya sido manipulado previamente por talleres independientes o por haberse empleado componentes compatibles en arreglos anteriores. Con ello se pretende asegurar que el derecho a reparar no resulte bloqueado por restricciones de las marcas oficiales.
Cómo reclamar el derecho a reparar en Andalucía
En el ámbito regional, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se encuentra desarrollando campañas informativas sobre este marco de protección para que los ciudadanos valoren las opciones de reparación antes de desechar un equipo averiado. La meta de la administración autonómica es lograr que esta práctica se consolide como un hábito común en los hogares de la comunidad.
En el supuesto de que un fabricante o un centro de asistencia técnica oficial rechace cumplir con estas directrices de reparación o con el suministro de los componentes necesarios, los usuarios andaluces cuentan con mecanismos formales de reclamación. La vía preferente consiste en tramitar una queja oficial mediante el aplicativo digital Hoj@ de la Junta de Andalucía, diseñado para gestionar reclamaciones de consumo por internet. Si no se alcanza una solución de mutuo acuerdo con la entidad responsable, los ciudadanos pueden acogerse al sistema de arbitraje de consumo gratuito, un procedimiento de resolución extrajudicial ágil que evita la necesidad de iniciar procesos judiciales.
