En estos momentos, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, está realizando los últimos ajustes a la reforma del subsidio por desempleo, que entrarían en vigor de forma diferida, al comenzar el próximo año 2024. Se trata de llevar a cabo una serie de cambios en la percepción de las ayudas, que reciben los trabajadores que agotan el cobro de la prestación contributiva. Sin embargo, su puesta en marcha aún está pendiente, ya que todavía debe ser pactada con los agentes sociales, es decir, los sindicatos y la patronal. Además, se deben limar ciertos roces que han surgido con el Ministerio de Economía, relacionados con su puesta en marcha.
Estos son los principales cambios de la reforma de los subsidios por desempleo previstos para 2024
La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, defiende una propuesta de reforma de los subsidios por desempleo gestionados por el SEPE, previstos para 2024, basada en dos cambios fundamentales. En primer lugar, se trata eliminar el mes de carencia o de espera, con el fin de cobrar la ayuda de forma inmediata. La otra gran variación, sería la de proporcionar cobertura de protección a las personas mayores de 45 años sin cargas familiares (hasta ahora es solo de 6 meses máximo). Se estima, que esto incorporaría a unos nuevos 150.000 beneficiarios/as.
Otra variación significativa que se introduciría, sería la del aumento de la cuantía a percibir. En 2023, el importe mensual ha sido de 480 euros, es decir, el 80% del IPREM. Sin embargo, se pretende que la cifra suba hasta los 660 euros durante los 6 primeros meses, lo que equivaldría al 110% del IPREM. Después, se reduciría al 90% de dicho indicativo en los 6 meses restantes, lo que daría lugar a 540 euros mensuales, hasta su extinción, que se puede prorrogar hasta los 30 meses.
La reforma está provocando desencuentros dentro del propio Gobierno
Esta reforma de los subsidios por desempleo prevista para 2024 es ahora mismo una propuesta del Ministerio de Trabajo, que está aún por confirmar. No obstante, esta iniciativa ya ha contado con el desacuerdo por parte del Ministerio de Economía, según declaraciones de Natalia Calviño. Para ello, la Vicepresidenta del Gobierno y responsable de la cartera de economía, argumenta que esa reforma sería estructural, por lo que debería ser aprobada directamente por el Gobierno, es decir, en consenso entre todos los ministerios implicados. Además, para llevarla a cabo, habría que contar con el desembolso de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
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