La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales impulsada por la ministra de trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, está pensaba para favorecer a los trabajadores, con el fin conciliar la vida familiar y profesional. Sin embargo, es una reforma que no cuenta con el beneplácito de diversos sectores, con la patronal a la cabeza. Asimismo, los inspectores de trabajo, también se muestran disconformes con la puesta en marcha de esta reforma.
Los inspectores de trabajo se oponen a la reducción de la jornada laboral por razones de productividad
Desde que el Gobierno anunció el proyecto de reducción de la jornada laboral, una de las voces discordantes ha sido la de los inspectores de trabajo. Sus reticencias con respecto a la puesta en marcha de la iniciativa se basan en que, las personas empleadas en dicho sector laboral, trabajan una media de 44 horas por semana. Según los datos aportados por el Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS).
Las reticencias a implantar esta reforma, afectarían al “complemento de actividad” que cobran los inspectores/as de trabajo. Esto se debe a que, según parece, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social marca unos objetivos para cada funcionario/a. Estos son revisados con carácter trimestral, pudiendo alcanzar 133 puntos, equivalentes a 4,10 horas, lo cual representa cerca del 30% de la retribución salarial de estos trabajadores/as.
El colectivo persigue desde hace años una mejora en las condiciones salariales y organizativas
Este desacuerdo con el Gobierno, con respecto a la reducción de la jornada de trabajo, es uno más con respecto a las mejoras en las condiciones salariales y organizativas que reclama el colectivo desde hace meses. Recordemos que esta situación les llevó, el pasado mes de junio, a convocar una huelga. Aunque finalmente se suspendió sin lograr el cumplimiento de la totalidad de sus aspiraciones, que se basan en la puesta en marcha de lo pactado en el “Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo”, firmado en 2021, y que debía implementarse en el plazo de 2 años.
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