Cuando hablamos del compromiso de actualidad hacemos referencia al trato entre el SEPE y la persona que demanda un empleo. En dicho pacto, se establecen una serie de derechos y obligaciones, que cuando no se cumplen, puedes perder el paro o subsidio. No obstante, las sanciones que se han llevado a cado por el incumplimiento de este acuerdo de actividad, han llegado a las 351 retiradas de prestaciones. En este aspecto, la reforma de los subsidios quiere endurecer las exigencias y hacer más efectivo dicho compromiso.
Dicho planteamiento es que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere llevar a Bruselas para que los desempleados busquen activamente trabajo sin rechazar ofertas del SEPE. De esta manera, se pretende una mayor exigencia a la hora de cumplir con el “Acuerdo de actividad”. Los datos antes mencionados sobre la retirada de las prestaciones corresponde al año 2021, donde el 0,26% de las perdidas fueron por rechazar una oferta de empleo.
Las comunidades autónomas inician el procedimiento y el SEPE retira la prestación
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el que lleva a cabo la competencia de las prestaciones. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes se encarga de las inscripciones como demandantes de empleo, ofertas de trabajo y cursos. Son muchos los controles que hacen para ver si los requisitos de las prestaciones se cumplen al 100% para que no se cometan actos fraudulentos. De hecho, las 1.488.688 revisiones que se hizo en 2021, existieron 125.369 resoluciones por distintos motivos como sanciones, extinciones o por perder requisitos.
Cuando se trata de rechazar ofertas de empleo o participar en programas que las comunidades autónomas ponen en marcha, las mismas serán quien inicien el procedimiento sancionador, mientras el SEPE retirará la ayuda o prestación. Un dato revelador es que en Ceuta y Melilla, donde las políticas activas las lleva el SEPE, se encontraron 114 sanciones, en comparación con las 237 de toda España. El motivo de esto, puede ser que estas ciudades son más “pillines”o los controles son más estrictos.
Hace unos meses, existían 1.736.502 personas percibiendo alguna prestación, lo que llama la atención cuando el SEPE cuenta con ofertas de empleo para cubrir el 2,8% que perciben una ayuda. Además, la mayor parte de las ofertas se ocupan. Es decir, el problema está más bien en los servicios públicos de empleo que nunca les hacen llegar las vacantes a los desempleados. Por tanto, el endurecer las sanciones son más que una fachada.
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