El Tribunal Supremo, en su Sala de lo Militar, ha confirmado la sentencia que condena a un sargento del Ejército de Tierra a cuatro años de prisión y a la pérdida de empleo por abusar sexualmente de una soldado a la que tenía bajo su autoridad. Además de la pena privativa de libertad, deberá indemnizarla con 10.000 euros por daños morales y mantener prohibiciones de acercamiento y comunicación durante cinco años. La resolución, dictada el 28 de noviembre de 2024, ratifica íntegramente el fallo del Tribunal Militar Territorial Quinto, desestimando así el recurso de casación del condenado.
El Tribunal Supremo confirma una histórica condena por abusos sexuales en el Ejército de Tierra
El caso. Según la sentencia, los hechos ocurrieron tras la celebración del cumpleaños del sargento en un piso compartido de Telde (Gran Canaria). En el domicilio, el acusado aprovechó la situación de jerarquía y la confianza del grupo para sobrepasarse con la soldado, primero con tocamientos no consentidos y, posteriormente, con actos de índole sexual mientras ella se encontraba dormida o en un estado de sometimiento por temor reverencial. La víctima, que ingresó en el Ejército de Tierra unos meses antes, relató cómo el mando llegó a bajarle la ropa interior y a colocarle el pene sobre los labios sin su consentimiento
Tras los hechos, la soldado denunció ante la Policía Nacional y recibió asistencia psicológica. El Tribunal Militar Territorial Quinto consideró probadas las agresiones y condenó al sargento a cuatro años de prisión, así como a la pérdida definitiva de su empleo. Asimismo, le impuso la obligación de indemnizar a la víctima en 10.000 euros por daños morales y le prohibió acercarse o comunicarse con ella durante cinco años.
Investigaciones internas y pruebas periciales demostraron la veracidad de los abusos sexuales
La investigación. Durante el procedimiento penal, los testimonios de la víctima y de los compañeros presentes aquella noche jugaron un papel clave. Además de las declaraciones, la soldado aportó mensajes de WhatsApp que el sargento le envió antes y después de los hechos, insistiendo en que “durmiera en su habitación” o “hablaran a solas”.
Las pericias psicológicas confirmaron un cuadro ansioso-depresivo compatible con abusos sexuales. Aunque no desarrolló un trastorno psiquiátrico de mayor gravedad, la víctima requirió varias sesiones de terapia psicológica e incluso barajó abandonar las Fuerzas Armadas, optando finalmente por presentarse a las pruebas para Policía Local.
El fallo judicial deja sin efecto los argumentos de la defensa y endurece la doctrina militar
El fallo judicial. El Tribunal Militar Territorial Quinto impuso al sargento cuatro años de prisión por un delito de abuso de autoridad con connotación sexual y otros delitos conexos, junto a la pérdida de empleo y la inhabilitación para sufragio pasivo mientras dure la condena. La defensa recurrió al Tribunal Supremo alegando la vulneración del principio de presunción de inocencia y diferentes errores en la aplicación del Código Penal y el Código Penal Militar.
Sin embargo, la Sala de lo Militar desestimó todos los motivos de casación, concluyendo que existían “pruebas de cargo válidas y suficientes” para sostener la culpabilidad. En consecuencia, la sentencia queda confirmada y adquiere firmeza, lo que implica la expulsión definitiva del condenado de las Fuerzas Armadas y la ejecución de la pena de prisión.
Importantes repercusiones para la víctima y futuras políticas de prevención militar
Impacto. Además de la pena impuesta, esta sentencia marca un precedente importante en materia de abusos sexuales dentro de las Fuerzas Armadas. La contundencia del fallo podría impulsar medidas de prevención y protocolos más estrictos para proteger la integridad de los militares y facilitar denuncias de este tipo, garantizando una investigación efectiva.
En el caso concreto, la soldado abandonó más tarde el Ejército de Tierra y superó las pruebas para ingresar en la Policía Local de Telde. Aun así, el Tribunal Supremo reconoce su derecho a la indemnización de 10.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del Estado en caso de impago por parte del condenado.
Con esta resolución, se sienta un precedente que refuerza la necesidad de eliminar cualquier conducta de acoso o abuso sexual en el seno de las instituciones militares, remarcando la tolerancia cero hacia quienes utilicen su grado o autoridad para atentar contra la libertad sexual de sus subordinados.
Esta noticia se presenta con fines exclusivamente informativos y educativos. Puede acceder a la sentencia completa a través de este enlace.
