Andalucía lidera el mapa de esta prestación de la Seguridad Social que busca reducir la pobreza infantil y que ahora facilita la compatibilidad con el empleo.
El Ingreso Mínimo Vital dio cobertura en junio de 2026 a un total de 267.302 unidades familiares en la comunidad andaluza, lo que supuso proteger a 829.092 ciudadanos. Conforme a las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la aportación media por unidad de convivencia alcanzó los 487,98 euros al mes por hogar; esto implicó una inversión global en este territorio de 137.893.642,35 euros. De este modo, Andalucía se posiciona a la cabeza de todo el país en la percepción de esta subvención. A nivel nacional, el sistema da cobertura a un total de 860.458 familias y 2.627.344 ciudadanos, con un pago medio de 506,99 euros mensuales.
La evolución interanual en la región muestra una clara tendencia al alza en comparación con el mismo mes del año anterior. En concreto, respecto a junio de 2025, la comunidad autónoma ha registrado un crecimiento del 14,75% en el volumen de hogares que reciben la prestación; asimismo, el número de personas amparadas por la medida ha subido un 14,36%. Aunque los beneficiarios deben atender las reclamaciones por pagos indebidos para evitar problemas con la Seguridad Social.
Por lo que respecta al perfil de los destinatarios, las mujeres representan el grupo mayoritario entre los titulares de la prestación en Andalucía. De esta forma, 196.629 son mujeres frente a un total de 70.673 varones: atendiendo a la procedencia de los beneficiarios con expediente aprobado, la gran mayoría posee la nacionalidad española (242.840 personas), en tanto que 24.417 titulares son de origen extranjero.
Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital para las familias con menores a cargo
La atención a los menores de edad constituye uno de los objetivos esenciales de este mecanismo de protección social. En territorio andaluz, un total de 328.421 niños y adolescentes se benefician de esta medida, lo que equivale al 39,6% del conjunto de perceptores: más de siete de cada diez hogares receptores de la ayuda en la región (191.613 familias) conviven con menores de edad.
En este contexto, resulta significativa la cifra de 41.241 hogares monoparentales en Andalucía que acceden a este subsidio. Estas unidades de convivencia, compuestas principalmente por madres solas que afrontan en solitario el sustento económico y la crianza, disponen en esta asignación de un recurso fundamental para prevenir situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Con la finalidad de intensificar el apoyo a la infancia, el Complemento de Ayuda para la Infancia se abona como una partida económica adicional por cada menor de edad. Durante el mes de junio, este incentivo benefició a 194.575 familias andaluzas, con un pago medio de 116,52 euros por unidad de convivencia y 67,48 euros por hijo. Las cuantías de dicho pago se distribuyen según los siguientes tramos de edad:
- 115 euros mensuales por cada menor de 3 años.
- 80,50 euros al mes por cada niño de entre 3 y 6 años.
- 57,50 euros mensuales por cada menor de entre 6 y 18 años.
Esta aportación específica para la infancia se puede tramitar de forma totalmente independiente, sin que resulte obligatorio percibir la asignación general de la prestación; esto se debe a que dispone de unos baremos de ingresos y patrimonio más flexibles para llegar a un mayor número de familias con recursos económicos limitados.
Requisitos y novedades para compatibilizar la ayuda con un empleo
El marco regulatorio de esta política pública se ha modificado recientemente mediante la entrada en vigor del Real Decreto 240/2026. El texto legal incorpora nuevos incentivos para favorecer la inserción en el mercado laboral, permitiendo que las personas beneficiarias puedan simultanear el cobro de la ayuda con los rendimientos obtenidos por cuenta ajena o mediante el autoempleo.
Para poder solicitar la prestación, la Seguridad Social requiere el cumplimiento de una serie de condiciones fundamentales:
- Acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos un año antes de la solicitud de manera ininterrumpida, salvo en las situaciones excepcionales contempladas por la ley.
- Tener una edad mínima de 23 años en el caso de personas que vivan solas, con excepciones para solicitantes más jóvenes que tengan menores a su cargo o que sean víctimas de violencia machista o de trata de personas.
- Demostrar una situación de necesidad económica, valorada en función de los ingresos y los bienes patrimoniales de los miembros de la unidad de convivencia.
En aquellos casos en los que la falta de recursos económicos se produzca a lo largo del año en curso, los interesados tienen la posibilidad de realizar la solicitud entre el 1 de abril y el 31 de diciembre. Las gestiones se pueden tramitar de manera digital, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas, utilizando la plataforma de internet dispuesta por la administración pública. ¿Ha conseguido este escudo social mitigar la precariedad de las familias con menos recursos en la comunidad autónoma?
