La nueva normativa prevé imponer una sanción de 7.500 euros por cada trabajador por cuenta ajena que incumpla el registro horario. El Ministerio de Trabajo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, está tratando de implementar cuanto antes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Esto es, en lugar de las 40 horas semanales que hay ahora mismo establecidas y que llevan acompañándonos más de cuarenta años. Por consiguiente, una vez que se aplique la nueva normativa, la intención es sancionar económicamente a aquellos que la incumplan.
Sanciones de hasta 7.500 euros por cada trabajador que no cumpla la reducción de jornada laboral
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales continua en la mesa de negociación ante las presiones de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y la negativa de la patronal a ponerlo en marcha. En cualquier caso, la intención del Gobierno es imponer multas a las empresas que no respeten el nuevo horario. Por consiguiente, se están estudiando sanciones que pueden llegar a los 7.500 euros por cada trabajador que no cumpla con la normativa.
Otras multas que ya impone la inspección de trabajo a las empresas
Con esta medida, se trata de exonerar de la falta al asalariado, de forma que la multa deberá repercutir de forma exclusiva solamente sobre la empresa que se salte la nueva legislación en materia de reducción de la jornada laboral. No obstante, esa nueva falta se incorporaría a las que ya son sancionables por la inspección de trabajo, las cuales son escalables dependiendo de la gravedad:
- Falta leve: si no hay un registro adecuado de las horas de sus salariados, la multa oscilará entre los 60 y los 625 euros por cada jornada laboral que no se registre.
- Infracción grave: varían entre 626 y los 6.250 euros si hay errores en el registro de la jornada y si no se comunican las horas extras.
- Infracción muy grave: cuando hay impagos o retrasos en pagar el salario, las sanciones va desde los 6.251, pudiendo llegar a los 187.515 euros.
La patronal abandona la mesa de diálogo a pesar de los incentivos que estudia el Gobierno
La intención de reducir la jornada laboral ha contado con la negativa de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y del Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), desde el inicio de las negociaciones. Ambas organizaciones empresariales han mostrado su desacuerdo unánime ante la intención de la ministra, Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral.
Incentivos económicos que pretende implementar el Gobierno
Todo ello, a pesar de los incentivos de hasta 6.000 euros que está pensando impulsar el Gobierno, para incentivar la reducción a las 37,5 horas semanales. Unas ayudas directas que, en principio, irían destinadas a pequeñas empresas del sector del comercio y de la hostelería. En ese aspecto, los empresarios argumentan que la implementación de la nueva medida perjudica sobre todo a los autónomos y a las pymes. Colectivos que no tienen la capacidad reorganizativa suficiente, como para poder llevar a cabo el cambio sin que peligre su propia supervivencia.
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