La nueva norma obligará a empresas y profesionales a usar factura electrónica en sus operaciones y prevé una implantación progresiva según el volumen de negocio.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que impone la factura electrónica entre empresas y profesionales, un cambio que afectará de lleno a la operativa diaria de miles de negocios en España. La aplicación no será inmediata para todos: las compañías con más de 8 millones de euros de facturación tendrán un año para adaptarse, mientras que el resto dispondrá de dos.
En paralelo, ya se conocen algunos ajustes en otras herramientas fiscales de control de facturación de empresas y autónomos, que quiere implementar Hacienda dentro de poco, como el sistema Verifactu. La medida busca acelerar la digitalización, reforzar el control de pagos y reducir la morosidad comercial.
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Qué empresas deberán adaptarse antes y cuándo empezará a contar el plazo legal
La norma establece un calendario progresivo para facilitar la transición, especialmente entre pymes y autónomos. En otras palabras, no todos tendrán que correr al mismo tiempo. Los plazos comenzarán a contar desde la publicación de la orden ministerial que regulará la plataforma pública, prevista antes del 1 de julio de 2026. Para aclarar el calendario, este es el esquema previsto:
| Tipo de empresa | Plazo de adaptación |
|---|---|
| Facturación superior a 8 millones de euros | 1 año |
| Resto de empresas y profesionales | 2 años |
Según recogen desde Europa Press, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el objetivo es “facilitar la adopción de esta medida”, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. ¿La clave? Un periodo transitorio ajustado al tamaño de cada negocio.
Cómo funcionará la nueva factura electrónica obligatoria y en qué se diferencia de Verifactu
El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada. Esto deja atrás formatos como el papel, el PDF o el Excel como base del intercambio entre empresas. Además, introduce la obligación de informar sobre el estado de cada factura, incluida su aceptación y la fecha de pago. No es un matiz menor.
Las empresas podrán remitir estos documentos a través de plataformas privadas interconectadas o mediante una solución pública gratuita desarrollada por la Agencia Tributaria. Esa vía también estará disponible para autónomos con bajo volumen de facturación, algo especialmente relevante para quienes cuentan con menos recursos técnicos.
Conviene no confundir este sistema con Verifactu. Aunque ambos proyectos avanzan en paralelo, no persiguen exactamente lo mismo:
- Verifactu está orientado al control fiscal y a evitar manipulaciones.
- La factura electrónica B2B desarrolla la Ley Crea y Crece.
- Su objetivo principal es mejorar la eficiencia y vigilar mejor los pagos entre empresas.
Por lo tanto, uno se centra más en la lucha contra el fraude y el otro en ordenar y modernizar las relaciones comerciales. Parece parecido, sí, pero no lo es.
El ahorro económico que prevé el Ejecutivo con la implantación de este sistema
El Gobierno sostiene que la medida permitirá ahorrar tiempo y costes gracias a la automatización contable. En España ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con un ahorro estimado superior a 2.700 millones de euros.
El Ejecutivo va más allá y calcula que, si se alcanzara un volumen similar al de Italia, donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales, el ahorro podría superar los 8.000 millones de euros. Así, la norma no solo cambia un trámite: redefine la gestión diaria de los negocios.
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