La OCDE pide nuevos ajustes en las pensiones españolas ante el envejecimiento para garantizar su sostenibilidad

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El organismo internacional alerta de que el envejecimiento acelerado y la falta de ingresos por cotizaciones obligan a reforzar la sostenibilidad del sistema público.

El Estudio económico 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierte de que el envejecimiento de la población y la baja tasa de empleo entre los trabajadores de mayor edad aumentarán el gasto en pensiones y presionarán las cuentas públicas. El informe subraya que el envejecimiento ya impacta en la economía española y que no se trata de un problema futuro, sino de un desafío presente que exige una respuesta rápida.

La OCDE alerta de que el envejecimiento tensionará el sistema público de pensiones

Según el Estudio, la alta esperanza de vida en España, junto a una baja fertilidad, eleva la proporción de mayores de 65 años y la tasa de dependencia. En la práctica hay más pensionistas y menos personas cotizando.

La consecuencia directa es un mayor gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Se prevé que el gasto en pensiones pase del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050, mientras que el gasto sanitario y en cuidados de larga duración aumentaría del 7,4% al 9,4% del PIB en ese mismo periodo. Para visualizar este aumento del gasto social, se resume así:

Concepto2023 (% PIB)2050 (% PIB)
Gasto en pensiones12,916,1
Gasto en sanidad y cuidados de larga duración7,49,4

Este incremento y la insuficiencia de ingresos por cotizaciones pueden generar desequilibrios financieros si no se toman medidas. ¿Qué significa esto para quienes ya están jubilados o cerca de retirarse?

Qué propone la OCDE para reforzar la sostenibilidad de las pensiones

El estudio considera que la reforma de 2021, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y el aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 son un paso en la buena dirección, pero no bastan para la sostenibilidad a largo plazo.

Por ello, se plantean ajustes en parámetros clave y el impulso de los pilares complementarios del sistema, el segundo pilar (planes de empleo) y el tercero (planes individuales). En concreto, la OCDE sugiere:

  • Ampliar a 35 años el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión pública y restablecer un mecanismo que ajuste la primera pensión según la evolución de la esperanza de vida, o bien vincular la edad legal de jubilación a esa evolución.
  • Mejorar la relación entre cotizaciones y prestaciones para incentivar carreras largas y empleo formal.
  • Extender la vida laboral promoviendo envejecimiento activo, con recualificación y formación continua, y medidas contra la jubilación anticipada.
  • Desarrollar de forma urgente las pensiones complementarias de empleo y los planes individuales.

Estas recomendaciones se enmarcan en un paquete más amplio de reformas fiscales que, según el Estudio, tendrían un impacto agregado del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros, reduciendo la deuda pública. No es poca cosa.

Cómo pueden afectar estos cambios a la jubilación y a las futuras generaciones

El informe advierte de que, sin nuevas medidas, el sistema podría sufrir desequilibrios y más presión sobre las finanzas públicas. El reto afecta tanto a los actuales pensionistas como a los trabajadores en activo y a las generaciones jóvenes.

Aunque el Estudio no detalla cómo se aplicarían las propuestas, sí deja claro que habrá que monitorizar las reformas ya aprobadas y, si es preciso, reforzarlas. ¿Cómo pueden prepararse las personas trabajadoras? Mantener carreras laborales más largas y estables y valorar las pensiones complementarias se perfila como una parte de la respuesta.

La OCDE insiste en que el envejecimiento de la población ya es una realidad que requiere acción inmediata y coordinada. No se trata solo de ajustar números, sino de garantizar que el sistema de pensiones siga protegiendo a quienes se jubilen hoy y mañana sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

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