El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha celebrado recientemente el quinto aniversario de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, los últimos datos muestran que esta ayuda, concebida como un salvavidas económico para los más vulnerables, está experimentando un crecimiento sin precedentes en los litigios. El número de procesos en los Juzgados de lo Social ha aumentado un 48,7% en 2024 respecto al año anterior, según la Memoria sobre la situación socieconómica y laboral de España 2024 del Consejo Económico y Social (CES). Mientras tanto, la mitad de quienes podrían solicitar el IMV no lo hace.
El IMV se enfrenta a un incremento judicial que pone en jaque su función social y sobrecarga los tribunales
Este aumento de procesos en los juzgados no es el único dato que refleja la compleja realidad de la prestación. Los recursos de suplicación han crecido un 28,5% y los de casación un 50%, lo que revela la escalada de reclamaciones y la saturación de la Justicia. ¿Te sorprende esta cifra? La memoria del CES añade que 1 de cada 10 beneficiarios se ha visto envuelto en disputas legales.
En contraste con este panorama, el 56% de personas que serían elegibles para el IMV sigue sin solicitarlo. Según explican desde el ámbito jurídico, la Seguridad Social se encuentra desbordada por la gran cantidad de revisiones pendientes. Se estima que, actualmente, hay expedientes de 2023 que siguen en tramitación.
Los reintegros y la falta de seguimiento personal disparan las deudas y preocupan a los perceptores del IMV
Otro de los grandes focos de controversia está en las peticiones de reintegro. Personas que han estado cobrando la ayuda se enfrentan, a posteriori, a la devolución de miles de euros por modificaciones de su situación personal o por supuestos errores administrativos. Este escenario, que puede sonar increíble, se traduce en deudas desorbitadas para familias con escasos recursos.
Un ejemplo es el caso de una mujer a la que la Seguridad Social le ha reclamado 30.000 euros por cambiar de domicilio sin que nadie le explicase con claridad los requisitos de convivencia. ¿Te imaginas recibir tal notificación? La deuda afecta tanto a la solicitante como al resto de la unidad de convivencia que ha compartido el beneficio.
Colchón social durante la pandemia pero con riesgo de frenar la búsqueda activa de empleo a largo plazo
El IMV se lanzó en plena crisis sanitaria para contener el fuerte impacto económico sobre los hogares. Sin embargo, voces expertas señalan que su diseño actual podría llegar a desincentivar la búsqueda de trabajo, sobre todo cuando se convierte en un ingreso indefinido. Aunque ha ayudado a muchas personas en situación de vulnerabilidad, algunos profesionales consideran que una prestación de duración limitada y acompañada de formación podría fomentar mejor la inserción laboral.
Por otro lado, se estima que el gasto anual de esta medida ronda los 5.000 millones de euros, lo cual ha generado un debate sobre su sostenibilidad y sobre la necesidad de ajustarla para evitar solapamientos con otras ayudas. Aquí se muestra una tabla de referencia, referida al impacto judicial y social del Ingreso Mínimo Vital:
| Aspecto | Cifra o porcentaje |
|---|---|
| Incremento de litigios (2024 vs. 2023) | +48,7% |
| Recursos de suplicación | +28,5% |
| Recursos de casación | +50% |
| No solicitantes elegibles | 56% |
| Beneficiarios totales (a cierre 2024) | 2 millones |
La anterior tabla refleja cómo el IMV ha crecido en número de perceptores, pero también se ha incrementado el volumen de casos que terminan en los tribunales.
Principales motivos por los que el IMV entra en conflicto legal
Antes de cerrar, conviene repasar las causas más habituales por las que el Ingreso Mínimo Vital acaba judicializado:
- Falta de respuesta por parte de la Administración y silencio administrativo.
- Cambios en la unidad de convivencia o en el domicilio no comunicados o mal gestionados.
- Reintegros retroactivos por pérdida de requisitos o errores burocráticos.
- Plazos ampliados que generan incertidumbre y retrasos en la resolución.
Es importante que las personas beneficiarias verifiquen periódicamente su situación y mantengan un contacto constante con la Seguridad Social para evitar sorpresas posteriores. A pesar de ser una herramienta crucial para combatir la pobreza, la judicialización del IMV y sus requisitos cambiantes han derivado en un serio desafío. Hoy más que nunca, se recomienda a los perceptores informarse de forma rigurosa y contar con asesoramiento especializado. Acudir a los organismos oficiales, revisar la propia documentación y mantener actualizados los datos familiares son pasos esenciales para minimizar riesgos de reintegro.
