La norma ya está en marcha para ampliar la vivienda protegida y a precio asequible, reducir burocracia y dar más seguridad jurídica al propietario.
La Ley de Vivienda de Andalucía arranca en 2026 con medidas para aumentar la oferta y mejorar el parque residencial. ¿Qué cambia para quien busca una VPO o para quien quiere rehabilitar su vivienda? En ese aspecto, el Gobierno de Juanma Moreno sitúa como prioridades más vivienda protegida y más rehabilitación, junto a la disponibilidad de suelo y la reducción de trámites administrativos.
Asimismo, la nueva norma también permitirá reconvertir edificios turísticos y oficinas en viviendas. En ese sentido, la consejera Rocío Díaz ha defendido que la ley “nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces”. Además, según datos oficiales, Andalucía habría multiplicado por cuatro las viviendas protegidas en los últimos seis años y en 2025, habría sido la comunidad donde más vivienda se ha iniciado.
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Áreas prioritarias, suelo y colaboración público-privada para ampliar vivienda asequible
La ley contempla crear áreas prioritarias, zonas con mayores dificultades de acceso. En ellas se concentrarán recursos con ayudas al alquiler, ayudas a la compra e incentivos a obra nueva o rehabilitación.
| Medida | Qué se activa | Para qué |
|---|---|---|
| Áreas prioritarias | Recursos en zonas con más dificultad | Impulsar acceso y oferta |
| Colaboración público-privada | Comisión andaluza | Acelerar proyectos |
| Inventario único de vivienda pública | Gestión del parque público | Mejor planificación |
A esto se suma la colaboración público-privada con iniciativas como la permuta de suelo por vivienda y el desarrollo y urbanización de suelos. Además, incorpora medidas del Decreto-ley ya en vigor y, durante cinco años, permite aumentar densidad y edificabilidad si el destino es vivienda protegida. Se han adherido más de 80 municipios que representan a cinco millones de andaluces y la aparición de parcelas con capacidad para más de 40.000 viviendas protegidas en 13 municipios. Para quedarse con el mapa, tres ideas:
- Ayudas e incentivos concentrados en áreas prioritarias.
- Más suelo y cooperación para promover vivienda protegida asequible.
- Mejor gestión de la vivienda pública con un inventario único.
En la información disponible no se detallan plazos ni el procedimiento para pedir cada ayuda, presencial u online. Esos pasos se concretarán con los instrumentos previstos.
Ocupación ilegal, desahucios y derogación de leyes para simplificar la normativa andaluza
La nueva normativa andaluza incluye medidas para garantizar el buen uso del parque residencial, evitando ocupación ilegal y sobreocupación y protegiendo a los más vulnerables. Para coordinar actuaciones, se constituirá una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal, con mecanismos de asesoramiento e información y representación de inclusión social, justicia y política interior, además de otros organismos estatales y regionales. Dicho en plata: más coordinación para un problema que preocupa.
Andalucía pasa a ser la primera comunidad autónoma con una ley completa y renovada tras la normativa estatal (dos años y medio en vigor) y pretende contrarrestar efectos atribuidos a esa norma: subida de precios, caída de oferta, incertidumbre jurídica del propietario o aumento de la ocupación.
En clave administrativa, se derogan cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013 y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
La Junta enmarca esta norma en el camino iniciado en 2019 con el Plan Vive En Andalucía, la Ley del Suelo (LISTA), un paquete fiscal con 460 millones de euros en incentivos, el Garantía Vivienda Andalucía (aval hipotecario para la primera vivienda: 2.365 familias beneficiadas) y un presupuesto en vivienda de 740 millones de euros (un 40% más que en 2025 y un 180% más que en 2018).
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