La subida de las pensiones para 2026 aún está pendiente de validación en el Congreso

El Congreso vuelve a votar la revalorización de las pensiones de 2026 tras el rechazo inicial y su tramitación por separado.

El Pleno del Congreso votará en la semana del 23 de febrero la convalidación o derogación de cuatro decretos leyes: la subida de las pensiones para 2026, escudo social, ayudas a víctimas de accidentes ferroviarios y un tope de precios en emergencias. Aunque ya están en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, deben pasar por la Cámara en 30 días para quedar ratificados.

El Pleno votará cuatro decretos y la revalorización de pensiones estará en juego

Sobre la mesa hay cuatro textos separados, que afectan a jubilados y a hogares vulnerables:

  • Revalorización de las pensiones para 2026.
  • Prórroga del escudo social con moratoria antidesahucios.
  • Ayudas a víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida.
  • Tope de precios cuando se declare una emergencia.

Para orientarse rápido, este es el contenido esencial de cada decreto:

DecretoContenido clave
PensionesActualización de las pagas de 2026
Escudo socialMoratoria antidesahucios y medidas de protección social
Adamuz y GelidaAyudas a las víctimas de accidentes ferroviarios
Tope de preciosLimitar precios de servicios y productos en emergencias

La decisión no es menor: si un decreto se deroga, decae. ¿Habrá esta vez mayoría para sacar adelante la revalorización?

Por qué el Gobierno separó pensiones y escudo social tras el último rechazo

Hace menos de un mes, pensiones y escudo social se votaron juntos en un mismo decreto y el Congreso lo rechazó con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Esos grupos argumentaron que apoyaban la revalorización, pero no la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortar suministros básicos a la gente vulnerable.

Tras ese choque, el Gobierno abandonó el decreto ómnibus y dividió el paquete en dos. Uno se centra en la subida de las pensiones; el otro reúne el escudo social, con ayudas por la dana, el bono social, la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar suministros de energía y agua a familias vulnerables.

El texto social incorpora además el acuerdo entre PNV y el Ejecutivo para ampliar la cobertura a propietarios con una sola vivienda en alquiler, evitando “que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables” y tengan que asumir “la carga del impago a la que se les obligaba”. Pese a esa modificación, PP, Vox y Junts mantienen su rechazo al decreto de medidas sociales.

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