La nueva norma andaluza busca aumentar la vivienda a precio asequible con más VPO, ayudas en áreas prioritarias y medidas sobre alquiler, rehabilitación y sanciones.
El 24 de enero entrará en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía. La Junta plantea más suelo para promotores y más flexibilidad en la protección, ante un déficit de 90.000 viviendas (Fadeco lo eleva a 200.000).
La Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor el 24 de enero con cambios
La ley la ha elaborado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y llega tras la Ley Estatal de Vivienda, vigente desde hace dos años y medio. Según la Junta, busca corregir efectos como la subida de precios o la caída de la oferta. Para ubicarte rápido, estas son las cinco claves de la Ley de Vivienda en Andalucía:
- Vivienda protegida: impulso a la VPO.
- Desahucios: sistema andaluz de información y asesoramiento.
- Viviendas deshabitadas: medidas para activar el alquiler y registro.
- Rehabilitación: mejoras de calidad y eficiencia.
- Multas: sanciones por infracciones y destino finalista.
¿Te afecta como inquilino o propietario? Entonces, ojo a lo que viene.
Vivienda protegida, áreas prioritarias y colaboración público-privada para aumentar la oferta
La ley incorpora medidas urgentes de un decreto-ley aprobado en febrero por el Consejo de Gobierno, que buscaba construir unas 20.000 viviendas protegidas en cinco años. Entre ellas, se permite aumentar densidad y edificabilidad si las parcelas se destinan a vivienda protegida.
A ese decreto-ley se han adherido cerca de 80 municipios (más de la mitad de la población), situados donde se detecta mayor demanda. La novedad es la creación de áreas prioritarias, con ayudas al alquiler y a la compra, e incentivos a la nueva construcción y a la rehabilitación.
Se impulsa la colaboración público-privada y una comisión para sumar fórmulas como la permuta de suelo por vivienda o la urbanización de suelos.
Desahucios, viviendas deshabitadas y alquiler: medidas, registro y garantías previstas
La ley crea el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios para orientar a personas inmersas en un desahucio de su vivienda habitual y a quienes no puedan afrontar el alquiler, en los términos que se establezcan.
La atención será prioritaria para personas en especial debilidad o emergencia social y económica, como víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social. Vamos, que se busca acompañamiento cuando la situación se complica.
Para viviendas deshabitadas, el artículo 43 prevé intermediación y aseguramiento de riesgos para garantizar el cobro de la renta y ofrecer defensa jurídica, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. También se contemplan medidas fiscales y subvenciones para propietarios, arrendatarios y entidades intermediarias.
El Registro de Viviendas Deshabitadas deberá desarrollarse en un máximo de dos meses desde la entrada en vigor. Quedan fuera las segundas residencias de una persona física usadas solo para esparcimiento o recreo.
Rehabilitación de viviendas y multas: eficiencia, calidad y sanciones de hasta 9.000 euros
La norma refuerza la rehabilitación para reconstruir barriadas, eliminar la infravivienda y mejorar la eficiencia energética e hídrica. También prevé una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía e incentivos a la industrialización en la construcción.
En sanciones, las infracciones muy graves pueden conllevar multas de hasta 9.000 euros; las leves, hasta 3.000 euros; y nunca por debajo de 1.000 euros. Resumen:
| Tipo de infracción | Sanción prevista |
|---|---|
| Leve | Hasta 3.000 euros |
| Muy grave | Hasta 9.000 euros |
| Mínimo aplicable | 1.000 euros |
El artículo 64 indica que lo recaudado se ingresará en el patrimonio público de suelo de la Junta para financiar políticas públicas de vivienda. Y se citan como muy graves conductas como alquilar o ceder sin condiciones de seguridad, incumplir el deber de conservación y rehabilitación si hay riesgo para las personas, o aportar documentación inexacta para obtener una resolución con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de habitabilidad.
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