Si alguna vez has sudado la gota gorda esperando a que empezara un examen, entenderás bien el pellizco que sintieron miles de aspirantes andaluces el pasado sábado. Por si los nervios normales no fueran suficientes, las pruebas para conseguir plaza de profesor en Andalucía arrancaron con retrasos, hojas que no llegaban y un sinfín de contratiempos dignos de una comedia de enredo. Entre tanto papel extraviado, una opositora incluso tuvo que improvisar vestuario en plena aula porque no le dejaron ir al baño (lo que viene siendo top glamour administrativo). Mientras tanto, la Junta repite que “todo va sobre ruedas”, como quien promete que la obra del ascensor acaba la semana que viene. Y, claro, quienes llevan años encadenando contratos temporales se preguntan si esta “normalidad” oficial no es, en realidad, un truco de prestidigitador.
¿Por qué vuelven a tambalearse las oposiciones docentes en Andalucía?
Las 4.337 plazas ofertadas por la Consejería de Desarrollo Educativo (según la Resolución de 26 de febrero de 2025) debían servir, en teoría, para estabilizar a interinos que llevan años enlazando contratos. Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligan a convertir esos puestos en fijos cuando se ha abusado de la temporalidad más allá de tres años. Sin embargo, la Junta optó por una oposición de libre concurrencia, algo que, de facto, deja a miles de docentes veteranos luchando en igualdad de condiciones con recién llegados.
Ante ese cambio de reglas, un nutrido grupo de funcionarios se declaró en huelga y se negó a formar parte de los tribunales. La Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía denuncia que esos funcionarios recibieron “presiones de todo tipo” (un eufemismo elegante para referirse a llamadas insistentes y correos que no admitían un “no” por respuesta) vulnerando el derecho fundamental a la huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución española.
Errores técnicos, retrasos y un examen que se hace de rogar
La cosa empezó a torcerse antes incluso de pisar el aula. Durante la semana del 10 al 14 de junio de 2025, la plataforma de la Junta se negó en rotundo a recibir la programación didáctica de cientos de candidatos. Los fallos se repitieron días después al subir los méritos y, para rematar, se estrenó la confusa figura de la “invocación de méritos” (básicamente: declarar que posees un título, pero aportarlo más tarde).
Principales incidentes del 21 de junio de 2025
- Falta de copias de examen en al menos 7 tribunales (Málaga, Granada y Sevilla, entre otros).
- Retrasos de 45 a 60 minutos sin explicación oficial.
- Errores de redacción en varias preguntas prácticas (química y matemáticas).
- Prohibición de salir del aula pese a la espera prolongada.
- Incumplimiento del protocolo de igualdad: una opositora con menstruación no pudo acceder al baño y tuvo que cambiarse in situ.
- Entrega del cuadernillo práctico a los candidatos en especialidades donde la normativa lo prohíbe.
Los afectados relatan que la espera se hizo eterna y que, para colmo, algunas academias publicaron el examen corregido pocas horas después. ¿Magia? No, filtraciones. Y todo ello mientras los aspirantes seguían sin saber si las erratas invalidarían parte de la prueba.
¿Cómo se defienden la Junta y la consejera Castillo?
La consejera María del Carmen Castillo salió el 23 de junio de 2025 ante la prensa con mensaje único: “Todos los tribunales se han constituido con normalidad”. Sin embargo, la Asamblea retruca que esa “normalidad” descansa sobre retrasos, intimidaciones y un temario que circula demasiado rápido fuera de las aulas.
Por otro lado, la Consejería asegura que solo recibió “incidencias menores” y que “ningún derecho fue conculcado”. Un discurso que choca frontalmente con las imágenes de pasillos abarrotados y con los testimonios de opositores que, literalmente, no podían estirar las piernas tras dos horas de espera (algo que, convendremos, no figura en ningún manual de buenas prácticas docentes).
¿Qué pasos puedo seguir si me he visto afectado?
En primer lugar, reúne pruebas: guarda capturas de pantalla de los fallos de la plataforma, correos enviados a la Junta y, si es posible, declaraciones de testigos presenciales. En segundo lugar, presenta reclamación individual ante el tribunal en un plazo máximo de dos días hábiles desde la publicación de las calificaciones provisionales (artículo 10 de la Orden de 5 de abril de 2022).
Además, conviene apuntarse a la queja colectiva que la Asamblea de Interinas presentará en la sede de la Defensoría del Pueblo Andaluz, calle Reyes Católicos, 21 (Sevilla), el 28 de junio de 2025 a las 10:00 horas. Por último, solicita asesoría jurídica especializada (muchos sindicatos ofrecen este servicio de forma gratuita) para explorar la posible nulidad de la prueba si se demuestra vulneración del principio de igualdad (artículo 23.2 de la Constitución). La experiencia demuestra que cuantos más afectados se organicen, mayor presión habrá para repetir el ejercicio o compensar las puntuaciones.