Los reclusos de las cárceles españolas tienen derecho a percibir un salario durante su estancia penitenciaria si desarrollan una actividad laboral. Muchos presos aprovechan su estancia en prisión para realizar un trabajo que, aparte de proporcionarles una pequeña retribución salarial, además les ayudará a adquirir experiencia laboral. Un aspecto que puede serles de gran utilidad para conseguir la libertad condicional y para favorecer su futura reinserción social.
La nómina de un preso en España dista mucho del salario mínimo interprofesional
La retribución salarial de un preso en España varía desde los 200 hasta los 300 euros al mes, dependiendo de la actividad laboral que realice. Asimismo, si la actividad se paga por horas, el precio suele rondar los 3,20 o 4,50 euros por unidad. Como podemos observar, lo que un recluso gana en nómina dista mucho del salario mínimo profesional (SMI), el cual está establecido para este año 2024 en 1.134 mensuales en 14 pagas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en prisión tienen alojamiento y comida gratis, esa pequeña remuneración al mes puede considerarse suficiente. Asimismo, con el añadido de que estás tareas laborales que desempeñan en prisión, además de ocupar las horas muertas, son tenidas en cuenta muy positivamente a la hora de valorar si procede o no conceder al recluso la libertad condicional o cualquier otro tipo de permiso o beneficio penitenciario.
¿Qué tipo de actividades laborales llevan a cabo los reclusos en las cárceles españolas?
Según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, en 2024, de los 55.000 presos que hay en las cárceles españolas, solo hay 11.375 que trabajan. Entre las actividades laborales que desarrollan los reclusos, destacan las tareas de mantenimiento, relacionadas con los servicios básicos del propio centro penitenciario. Nos referimos, por ejemplo, a: lavandería, reparto de comidas, peluquería, jardinería o limpieza de las zonas comunes.
Por otra parte, también existen talleres de producción textil, muebles y manipulado de todo tipo de artículos. En ocasiones, participan empresas privadas externas que llevan su producción a las cárceles, buscando mano de obra barata y poco cualificada. En estos casos, las actividades están reguladas por convenios públicos firmados con el Estado. Sin embargo, estos acuerdos no están exentos de polémica, ya que, en muchas ocasiones, no se garantizan los derechos laborales de los reclusos, como ha denunciado en numerosas ocasiones la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
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