El Congreso ha aprobado este jueves un proyecto de ley que elimina como causa automática de extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente. El objetivo de esta norma es suprimir el despido automático en casos de incapacidad permanente y que sea el trabajador el que decida voluntariamente si desea la extinción del contrato o si prefiere que la empresa le adapte el puesto siempre que no suponga un coste excesivo. Te contamos más sobre este nuevo avance en los derechos de los trabajadores.
Los empresarios no podrán aplicar un despido automático por incapacidad permanente
El pasado 23 de julio, el Gobierno aprobó un proyecto de ley. Este, modificaba el Estatuto de los Trabajadores y eliminaba la incapacidad permanente –total, absoluta o gran invalidez– como causa automática de extinción de contrato.
Ahora, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes, desde que reciba la notificación de reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto. A partir de ese momento, la compañía tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas funciones, derivarlo a otro puesto o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.
De esta manera, la empresa únicamente podría proceder el despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. No obstante, se ha incorporado una enmienda de Podemos. Esta, precisamente, determina que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pagar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa razón en su despido.
Planteamiento de la reforma del artículo 49.1
También se ha planteado una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha propuesta pretende desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato laboral, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
El rechazo de Vox a la reforma del despido por incapacidad permanente
Este texto, que pasa ahora al Senado, ha contado con 34 votos a favor y tres abstenciones, siendo únicamente rechazado por Vox. El partido ultraderechista ha esgrimido que esta medida «deja en el aire» la garantía de las prestaciones por incapacidad permanente total, porque «ya no dependerán del Estado, sino de la viabilidad de cada empresa».
Otras reformas pendientes en un año
No son las únicas reformas en el Congreso: el pasado miércoles se alcanzó un acuerdo para añadir una enmienda. Esta, encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha agradecido esta reforma. «El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada», ha expresado.
Aunque queda pendiente su paso por el Senado, la reforma de esta ley supone un avance sin precedentes en los derechos de los trabajadores con discapacidad. Te recordamos que en este portal digital publicamos noticias abocadas al ámbito laboral en nuestra sección de actualidad.
