La trabajadora logró una compensación de 25.000 euros en el acto de conciliación, después de que la compañía reconociera el despido improcedente.
La afectada trabajaba como asistente de marketing para Equipa Tu Hogar XXI S.L. desde noviembre de 2021. Tras un despido objetivo en junio de 2024, el caso terminó en conciliación con avenencia en el Juzgado de lo Social n.º 45 de Madrid y con una indemnización pactada de 25.000 euros. Esta resolución judicial recuerda a otros pronunciamientos recientes, como el caso del trabajador despedido por accidente laboral que ganó 25.000 €.
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El despido sucedió tras comunicar su embarazo a la empresa
La trabajadora desempeñaba un puesto a tiempo completo en Valdemoro, que mantuvo hasta junio de 2024, cuando la empresa le comunicó un despido objetivo. En ese momento, se le concedió una indemnización de 2.379 euros.
El conflicto coincidía con el segundo embarazo de la trabajadora, tal y como expone la demanda de Servilegal Abogados, sus representantes legales. En este sentido, en el procedimiento se subraya que “es especialmente relevante que, justo al día siguiente de entregar la justificación de su última visita al médico como consecuencia del embarazo, la trabajadora recibe de forma sorpresiva la carta de despido”.
A ello se sumaba una situación familiar delicada: su hijo mayor, de menos de dos años, con una cardiopatía congénita grave. Según se recoge en la información aportada, la trabajadora pidió a la empresa varios permisos por hospitalización del menor.
Supuestas pérdidas económicas y red de empresas Retail On Distribution y Venta
La empresa justificó la decisión alegando “supuestas pérdidas económicas”. Sin embargo, en el caso se apunta que la compañía había facturado, ese mismo mes, 35.583 euros en ventas y, en el último año, más de un millón de euros.
Sobre este punto, Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados, sostiene que: “La empresa ha sido descapitalizada con el objeto de generar una situación de pérdidas artificiales que sirviera de fundamento para proceder a su despido”. Dado lo anterior, el abogado remarca que, “desde el primer momento, vimos claras vulneraciones de derechos fundamentales”.
La Inspección de Trabajo detecta grupo irregular y posible unidad de dirección
La estrategia de la defensa incluyó pedir una actuación de la Inspección de Trabajo y dirigir la demanda contra todas las empresas implicadas. Tal y como se recoge, “Hemos solicitado una inspección de Trabajo, explicando todo lo que había con las empresas. Y las hemos demandado a todas”, explica el letrado.
El informe de Inspección de Trabajo concluyó que “estamos ante un grupo irregular de empresas. Todas comparten el centro de trabajo de la compañía titular. Los objetos sociales son similares, hay trabajadores que han prestado servicios en dos de ellas, todas tienen el mismo autorizado RED y parece que existe una unidad de dirección”.
Además, según trasladan desde Servilegal Abogados, el documento certifica que “la empresa ha sido instrumentalizada para proceder al despido” de la trabajadora, mientras que la matriz empresarial mantiene todos los beneficios. En la misma línea, se destaca que: “la Inspección de Trabajo ha determinado que la mercantil utilizada para despedir a la mandante ha sido cerrada con el propósito de impedir su reincorporación”.
Conciliación en el Juzgado de lo Social n.º 45 de Madrid y 25.000 €
Con estos antecedentes, el asunto llegó al Juzgado de lo Social n.º 45 de Madrid, donde se celebró el intento de conciliación previo al juicio oral. El procedimiento terminó en conciliación con avenencia: la empresa reconoció el despido improcedente y acordó una indemnización de 25.000 euros para la trabajadora embarazada.
Tras el acuerdo, Palomar Ruiz afirmó: “Es inadmisible que un grupo de empresas trampee sus cuentas para eludir pagar las indemnizaciones marcadas por la ley. Gracias a la Inspección de Trabajo, esto ha quedado manifiesto y se ha reparado el daño causado a nuestra clienta”.
El abogado concluye que el caso no es aislado. “Refleja una realidad más amplia de abuso de poder y falta de garantías. Denunciarlo no solo es un derecho, es una responsabilidad. Porque el silencio, en estos casos, protege al tramposo”, lamenta.
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