Hacienda prepara una deducción para que el SMI no tribute, pero pensionistas y personas en paro volverán a quedarse fuera del beneficio fiscal.
En 2026, Hacienda repetiría la fórmula de una deducción para que el nuevo Salario Mínimo quede libre de tributación. Pero, eso sí, sin incluir a pensionistas ni a personas en paro, a pesar de que la subida del SMI también tendrá efectos en otras prestaciones y ayudas, como facilitar el acceso a determinados subsidios del SEPE. El efecto de esta exclusión fiscal es claro: al menos 1.000.312 pensionistas quedarían fuera del beneficio fiscal.
El aumento del SMI no solo mueve nóminas: también empuja la línea que separa a quienes tributan y quienes no. Y, según los datos disponibles, esa frontera volvería a ser desigual en 2026.
Quién se queda fuera de la deducción del IRPF ligada al nuevo SMI en 2026
Entre 2022 y 2024, la subida del salario mínimo vino acompañada de un aumento del mínimo exento de IRPF para evitar que esos trabajadores pagaran impuestos por sus ingresos. Así, el límite a partir del cual los contribuyentes deben tributar pasó de 14.000 euros anuales en 2022 a 15.876 euros, cifra que se mantiene desde 2024.
Pero en 2025 cambió la estrategia: el Ministerio de Hacienda creó una deducción específica para los trabajadores con ingresos menores al SMI. Esa modificación no se aplicó a parados ni a pensionistas y, según la información disponible, esa exclusión se repetiría en 2026.
¿Te suena a “mis ingresos cuentan, pero los tuyos no”? Pues el dato clave es que el número de pensionistas afectados por este trato desigual ascendería, como mínimo, a 1.000.312 personas.
Cómo funciona la deducción de 591 euros y hasta qué salarios se extiende
A principios de mes, el departamento liderado por Yolanda Díaz propuso un incremento del 3,1% del salario mínimo, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros al año). También se trasladó que se cuenta con el visto bueno de Hacienda para que el SMI quede libre de tributación. De esa forma, que daba por hecho que se repetiría la fórmula del año pasado: una deducción para que los trabajadores recuperen lo aportado.
Según los cálculos de la economista y asesora fiscal del REAF (registro de economistas asesores fiscales del CGE), Raquel Jurado, la propuesta situaría la deducción en 591 euros (295 euros de la cuota estatal y la misma cuantía de la autonómica). Y aquí viene lo importante: ese beneficio fiscal no alcanzaría ni a pensionistas ni a desempleados.
Una deducción fiscal con despliegue progresivo
Además, la deducción tendría un despliegue progresivo y se extendería de forma gradual hasta los salarios por debajo de 20.049 euros anuales (1.432 euros al mes). En consecuencia, se ampliaría la franja en la que los trabajadores no tributarían mientras que pensionistas y parados sí lo harían: pasaría de abarcar ingresos entre 15.876 y 18.276 euros anuales a incluir todas las nóminas entre 15.876 y 20.049 euros brutos al año.
Para aterrizarlo mejor, este resumen ayuda a ver de un vistazo dónde está la diferencia.
| Situación descrita | Tramo de ingresos que se menciona | A quién beneficia | Quién queda fuera |
|---|---|---|---|
| Mínimo exento que se mantiene desde 2024 | 15.876 € anuales | Aplica por igual como referencia general | — |
| Deducción específica ligada al SMI (propuesta) | Hasta 591 € (295 € estatal + 295 € autonómica) | Trabajadores con ingresos menores al SMI | Parados y pensionistas |
| Extensión progresiva del beneficio fiscal | Hasta 20.049 € anuales (1.432 €/mes) | Trabajadores por debajo de ese umbral | Parados y pensionistas |
Y un matiz más: la ley, según se explica, acota la aplicación de esta deducción a “los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria”. Dicho de otro modo, se vincula a estar trabajando. Jurado añade que el coeficiente que se usa para definir el tramo máximo de deducción (situado ahora en el 0,2) podría cambiar.
Qué pensionistas y desempleados podrían pagar IRPF aunque cobren cifras similares
Según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Seguridad Social a finales de diciembre, existen al menos 1.000.312 personas que cobran prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares y que perciben entre 1.150 y 1.405 euros al mes.
Ojo, porque el propio dato se queda corto: no se especifica cuántas personas cobran entre 1.134 euros (el SMI de 2024) y 1.150 euros (la parte más alta del tramo que ofrecen esas cifras). Aun así, se detalla que entre 1.100 y 1.150 euros hay un total de 386.158 jubilados.
¿Y qué pasa con el paro? Aunque el Ministerio de Trabajo no cuenta con estadísticas desagregadas por tramos de cuantía percibida, se indica que quienes cobren entre 1.134 y 1.432 euros al mes, la horquilla vinculada a la deducción del IRPF, tampoco podrían aplicarla en la declaración de la renta.
Cómo afectaría a quienes cobren la pensión máxima y tengan un hijo
Esto afectaría también a quienes perciban la prestación máxima y tengan como máximo un hijo: el paro máximo se sitúa en 1.225 euros para desempleados sin hijos, 1.400 euros para quienes tengan un hijo y 1.575 euros con dos hijos o más. De media, los parados cobran 1.029 euros al mes (dato publicado a principios de mes y correspondiente a noviembre), así que los afectados estarían por encima de esa media. Para que no se te escape nada, estas son las claves prácticas que se repiten en los datos:
- Pensionistas con prestaciones contributivas entre 1.150 y 1.405 euros al mes figuran entre los principales afectados.
- La deducción propuesta (591 euros) se plantea para trabajadores, no para quienes estén en paro o cobren una pensión.
- La ventaja fiscal se extendería gradualmente hasta salarios por debajo de 20.049 euros anuales, ampliando la brecha respecto a pensionistas y desempleados.
- La franja que se ensancha sumaría a cerca de 367.277 pensionistas más frente al rango aplicado el año pasado.
Negociación del SMI y peticiones de Gestha para ampliar la no tributación
El viernes pasado, el Ministerio de Trabajo preveía cerrar la negociación del SMI con los agentes sociales, sin el apoyo de la patronal. Sin embargo, el jueves por la tarde el Ejecutivo canceló la cita con CEOE, CCOO y UGT para intentar ganar tiempo y convencer a Hacienda de compensar el SMI en contratos del sector público con empresas privadas sin cambiar la ley.
Fuentes empresariales defienden que esa compensación no es posible sin cambiar la ley, y Hacienda admite la complejidad de hacerlo sin una modificación normativa. Entre las condiciones planteadas por los empresarios estuvo la modificación de la Ley de Desindexación, y la propuesta de la CEOE incluía una subida del 1,5% y que el SMI tributase.
En paralelo, Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha pedido al Gobierno que la no tributación por IRPF hasta el SMI, ya aplicada a trabajadores, se amplíe a pensionistas y desempleados con prestaciones por desempleo. La justificación que aportan es que esas rentas también se consideran rentas del trabajo y que la condición de pensionista o beneficiario del paro no exime de las obligaciones con Hacienda. Además, defienden un acuerdo permanente para que las futuras actualizaciones del SMI no tributen.
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