Un informe de COCEMFE, presentado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, alerta del aumento de grados por debajo del 33%, los largos retrasos y las desigualdades entre comunidades autónomas.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, un informe parcial sobre la aplicación del Real Decreto 888/2022, en vigor desde abril de 2023. El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico, concluye que persisten problemas estructurales que afectan a la calidad de las valoraciones y al acceso a derechos y apoyos.
El nuevo baremo de discapacidad provoca valoraciones más bajas y dudas entre las personas afectadas
Uno de los datos más preocupantes es el aumento de personas con una valoración inferior al 33%. Según el informe, este porcentaje ha pasado del 33% al 40% desde la entrada en vigor del nuevo baremo, lo que limita el acceso a prestaciones y apoyos esenciales. ¿Qué implica esto en la vida diaria? Que muchas personas ven cómo el reconocimiento oficial de su situación se queda corto respecto a sus necesidades reales.
El estudio también refleja una caída en las resoluciones definitivas, que descienden del 79% al 69%. Esto se traduce en más expedientes sujetos a revisión y, en consecuencia, más incertidumbre sobre el futuro de la prestación o de los apoyos que se van a recibir. Y, siendo sinceros, no es de extrañar que la palabra “frustración” aparezca una y otra vez en los testimonios.
La coexistencia de varias afecciones empeoran la situación
Además, el 68% de las personas valoradas percibe que el equipo que les evalúa no conoce suficientemente su discapacidad, sobre todo en el caso de patologías orgánicas o poco visibles. El 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, es decir, la coexistencia de varias afecciones que empeoran la situación global. Los principales cambios cuantitativos que recoge el informe pueden resumirse en la siguiente tabla:
| Indicador | Situación anterior | Nuevo baremo |
|---|---|---|
| Personas con valoración inferior al 33% | 33% | 40% |
| Resoluciones definitivas sobre expedientes | 79% | 69% |
| Personas algo o totalmente inconformes con la valoración | 67% (antes del 20/04/2023) | 74% (después del 20/04/2023, datos referidos a 2025) |
Estos datos se completan con un aumento notable de las personas totalmente inconformes con la valoración, que pasan del 32% al 46%. En conjunto, el informe concluye que el nuevo sistema no está logrando la objetividad prometida y sigue generando resoluciones que, a ojos de quienes las reciben, no reflejan su realidad cotidiana.
A partir de los testimonios recogidos, COCEMFE identifica varios problemas clave que explican esta percepción de injusticia y desprotección:
- Aumento de valoraciones por debajo del 33% y menor acceso a derechos.
- Descenso de las resoluciones definitivas y aumento de expedientes en revisión.
- Sensación de falta de conocimiento de las discapacidades por parte de los equipos.
- Falta de consideración de las comorbilidades y de la situación global de la persona.
En definitiva, muchas personas sienten que el baremo se está convirtiendo en un filtro que recorta derechos en lugar de ser una herramienta que los reconozca de forma plena.
Retrasos superiores a un año y grandes diferencias entre comunidades autónomas
El informe también pone el foco en los tiempos de espera. Casi la mitad de las personas valoradas con el nuevo baremo, un 48%, tarda más de un año en obtener su resolución. La situación es especialmente grave en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales respecto a los datos del baremo anterior, es decir, antes de 2023.
A esto se suman importantes desigualdades territoriales. En la Comunidad Valenciana, menos de la mitad de las citas han sido presenciales y hasta el 45% de los expedientes se han resuelto únicamente con un informe facultativo, sin valoración directa. ¿Cómo confiar en una resolución cuando ni siquiera ha habido una entrevista cara a cara con el equipo valorador?
El sistema de reclamaciones tampoco está funcionando como vía efectiva para corregir decisiones inadecuadas. Solo el 11% de las reclamaciones consigue un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado tras reclamar pasan del 6% al 13%. Para muchas personas, recurrir se percibe casi como un riesgo.
No es extraño que el 59% de las personas se declare totalmente inconforme con el proceso de reclamación. Las causas que señalan son la lentitud, la falta de respuesta o resoluciones tan genéricas que no entran a valorar los argumentos aportados. ¿Qué puede hacer alguien en esta situación si siente que el sistema le escucha poco y le responde peor?
COCEMFE reclama cambios urgentes para garantizar derechos y apoyos esenciales
Ante esta realidad, COCEMFE pide la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación objetiva y homogénea del baremo de discapacidad. En primer lugar, reclama que se cumpla el plazo legal máximo de seis meses desde la solicitud hasta la notificación del grado de discapacidad, muy lejos de las esperas superiores al año que recoge el estudio.
La organización exige también reforzar los equipos de valoración con profesionales formados específicamente en discapacidades físicas y orgánicas, asegurando su carácter multidisciplinar. Por otro lado, considera necesario homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales que, hoy por hoy, determinan en parte el resultado de la valoración según el lugar de residencia.
COCEMFE insiste en garantizar la presencialidad y la calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos. Además, plantea mejorar el sistema de reclamaciones para que realmente sirva para corregir resoluciones injustas y no se perciba como un mecanismo penalizador.
Finalmente, la entidad reclama evaluar el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Al fin y al cabo, la finalidad de cualquier baremo de discapacidad debería ser reconocer la realidad de quienes lo solicitan, no añadir más obstáculos a un día a día, ya de por sí complejo.
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