La entidad bancaria prescinde de una empleada con 23 años de antigüedad tras detectar consultas sin justificación profesional a datos de clientes de su entorno personal.
Una trabajadora de una sucursal de CaixaBank ha sido despedida disciplinariamente después de que una auditoría interna detectara accesos reiterados e injustificados a los datos bancarios de 170 clientes. La empleada, con contrato indefinido y un salario de 177,97 euros brutos diarios, habría consultado información de familiares, vecinos y allegados sin motivo laboral. Esto llevó a la entidad a calificar los hechos como falta muy grave por “transgresión de la buena fe contractual, fraude y abuso de confianza”.
El caso de la trabajadora de CaixaBank despedida por consultas a cuentas de familiares y vecinos
El caso ha sido difundido por el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus vídeos de TikTok, donde resume el impacto del despido: “¿Te imaginas que te despiden de tu trabajo por ser una cotilla, que pierdes un sueldo de 5.000 euros al mes y más de 100.000 euros de indemnización por despido porque la empresa te ha despedido sin indemnización, con cero? Pues ha pasado”.
Según explica este letrado, los hechos se produjeron en una sucursal de CaixaBank ubicada en un pueblo, donde la trabajadora “se metió en demasiados sitios donde no debía”. En concreto, accedió a 170 cuentas de personas de su entorno, entre familiares, vecinos y otros conocidos, movida únicamente por el interés de saber “cuánto dinero tenían en el banco”.
La propia entidad financiera detectó estas actuaciones y el caso terminó en un despido disciplinario. Lorente subraya que la empleada llevaba 23 años trabajando en la entidad. Por ello, la indemnización que habría correspondido por despido, de más de 100.000 euros, se ha perdido al calificarse el cese como disciplinario.
Auditoría interna de CaixaBank y detección de accesos injustificados a datos bancarios
Según la información recogida por el poder judicial, la trabajadora era la única empleada en la sucursal junto a la directora y contaba con contrato indefinido. Su salario diario, de 177,97 euros brutos, superaba con creces los 5.000 euros mensuales, una retribución que también queda extinguida con el despido disciplinario.
El 10 de noviembre de 2023, CaixaBank puso en marcha una auditoría tras detectar accesos irregulares a datos bancarios de clientes vinculados al entorno personal y local de la directora de la oficina. En la reunión con los auditores, la trabajadora intentó justificar que era habitual atender a clientes de otras oficinas, sobre todo de su localidad, porque la sucursal solo abría tres días a la semana. Añadió que algunos usuarios le pedían información por teléfono o WhatsApp.
Sin embargo, cuando se le mostraron pruebas concretas de consultas a clientes con los que había realizado transferencias o pagos en comercios coincidentes, admitió que “algunas consultas eran irregulares y no podía explicarlas”. Finalmente, reconoció que había accedido a cuentas de personas de su entorno personal y familiar.
El informe de auditoría y la calificación del despido disciplinario por falta muy grave
El informe de auditoría concluyó que, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, la trabajadora realizó consultas sin justificación profesional a 170 clientes diferentes en 210 días. De ellos, 84 eran familiares o personas de su entorno, 38 mantenían algún tipo de relación con estos y 121 residían en la misma localidad que la empleada, lo que reforzaba el carácter personal de los accesos.
El documento también recoge que las búsquedas se realizaron desde el terminal asignado a la directora de la oficina y que, en la mayoría de los casos, se iniciaron a partir del nombre y apellidos del cliente. Un procedimiento inusual cuando se trata de personas ajenas a la sucursal. El 15 de enero, CaixaBank comunicó formalmente a la trabajadora los cargos que se le imputaban y, el 31 de ese mismo mes, le notificó el despido disciplinario con efectos inmediatos. La entidad consideró que la conducta encajaba en una falta muy grave de “transgresión de la buena fe contractual, fraude y abuso de confianza”.
En este sentido, el caso ilustra el alcance que pueden tener las políticas internas de control sobre el uso de la información bancaria y cómo un comportamiento calificado como “cotilla” puede traducirse en la pérdida de un empleo estable, un sueldo de más de 5.000 euros mensuales y una indemnización que superaba los 100.000 euros.
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